RedacciónLa Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), criticó el uso inadecuado de los recursos del Estado y exigió al Gobierno mejorar la calidad del gasto público, cuya deficiencia afecta el desarrollo económico y social y la estabilidad del clima de inversión de la República Dominicana.
Biviana Riveiro Disla, presidenta de ANJE, indicó que el país tiene múltiples necesidades que son desatendidas por el gobierno por destinar recursos económicos a áreas que no generan bienestar ni económico ni social y que han provocado el aumento del nivel del endeudamiento nacional, de manera injustificada. Expresó que urge mejorar el desarrollo humano de la población.
Citó como ejemplos de estos casos en 2014, la asignación de 178 millones de pesos para la compra de electrodomésticos de parte de los legisladores para el día de las madres; la cantidad de nóminas de instituciones públicas supernumerarias que no se corresponden con los servicios prestados, como el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores; la deficiente asignación de recursos que hace el Estado sin respetar los principios más básicos de transparencia, calidad y eficiencia del gasto público.
En este sentido, Riveiro Disla pidió la inmediata revisión y reducción de las nóminas públicas, citando como ejemplo los casos de las inconsistencias salariales en la Cancillería y agregó que “el país debe contar con una representación diplomática competente y calificada, que permita tener beneficios tangibles en términos comerciales y que sean cónsonos con las características de nuestra economía, las prioridades de la nación y la relación real con cada uno de esos países.
ANJE abogó para que apruebe el Reglamento de la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano para que pueda entrar en vigencia dicha iniciativa y que el gobierno responda con medidas contundentes ante los hechos que puedan hacer cuestionar la calidad y eficiencia del gasto público, revirtiendo las señales equivocadas que estas actuaciones generan, pues no se puede exigir a la población colaborar a sustentar una estructura gubernamental ineficiente y gastos que no generan retorno social o económico.
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