El MotínEl ex procurador General de la República durante el gobierno del ex presidente Danilo Medina, Jean Alain Rodríguez, fue arrestado este martes y quedó bajo custodia en el Ministerio Público.
Así lo informó uno de los abogados de Rodríguez, Figueroa Willam a su salida de la sede de la Procuraduría General.
«Tenía una orden de arresto y la magistrada, Yeni Berenice, ejecutó la orden de arresto… en el momento en que lo entregamos», manifestó Willam.
El abogado agregó que Jean Alain aún se encuentra dentro de la PGR pero que es posible que en los próximos momentos sea trasladado hacia la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El exprocurador llegó a los alrededores de la sede del Ministerio Público aproximadamente al mediodía de este martes en búsqueda de respuestas sobre sus implicaciones en la «Operación Medusa».
Lo involucran en haberse emitido cheque por más de 34 millones
A menos de siete días de cesar sus funciones de procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez se habría compuesto con dos funcionarios de la PGR para que emitiera un cheque el 13 de agosto de 2020, desde la cuenta de Lavados de Activos de la entidad, según consta en la solicitud de allanamiento autorizada por un tribunal.
En el mismo documento se detalla que el cheque emitido fue por 34 millones 522 mil 364.30 pesos, en combinación con Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Alejandro Martín Rosas Llanes, director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del MP.
Según la instancia del Ministerio Público y firmada por un tribunal, el cheque se hizo a favor de la empresa Fire Control Systems, bajo el supuesto de reembolso de gastos por penalidad incurridos por la referida empresa, por remodelación, terminación y costos asociados de un inmueble ubicado en Bella Vista, Distrito Nacional.
De acuerdo al documento, la relación entre la PGR y Fire Control Systems nace a raíz del inmueble ubicado en Bella Vista, que está a nombre del Estado Dominicanotras el decomiso de los bienes de Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Para la emisión del cheque, detalla el documento, incurrieron en las maniobras fraudulentas siguientes: alteración, la cual consta de supresión y suplantación de del contrato original de acuerdo a custodia y operación de bien inmueble, el 31 de octubre de 2019, «el cual consta de seis páginas debidamente rubricadas por la PGR representada por Alejandro Rosa Llanes y Jonnathan Rodríguez Imbert y Fire Control Systems, representada por Héctor Antonio Germán Doñé».
El acuerdo para la ocupación de este inmueble contempló que la empresa Fire Control Systems recibía la residencia con la finalidad de utilizarlo en calidad de custodia solo para uso exclusivo de vivienda. No podía darle otro uso, ni alquilarlo ni cederlo sin el consentimiento de la primera parte (que era la PGR).
También estipulaba un pago de la empresa de 25 mil pesos al mes. Las partes pactaron el acuerdo para cuatro años, es decir: del 31 de octubre de 2019 al 30 de octubre de 2023. También estipulaba que la PGR podría terminar el acuerdo con el único requisito de avisar con 30 días de anticipación.
Para el cheque se sustentaron, de acuerdo a la solicitud, a las siguientes justificaciones: el cinco de marzo de 2020, Alejandro Rosa, director de Custodia y Administración de Bienes Incautados, envió una comunicación a la empresa para que entregara el inmueble a más tardar el cinco de abril, bajo el alegato de que sería puesto en venta mediante subasta, “algo que nunca ocurrió”.
Comunicación del 24 de marzo de 2020 mediante la cual la empresa pidió que por concepto de remodelación les fueran pagados los más de 34 millones de pesos, que supuestamente había incurrido en esos afectos; gastos de remodelación de la propiedad.
Un informe realizado por Alejandro Llanes en abril de 2020, dirigido a Jean Alain, sobre recomendación a autorización del pago de penalidad por terminación anticipada del acuerdo.
Otro imputado
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) imputa que el exdirector técnico de la Procuraduría General de la República, Rafael Canó Sacco. y al exdirector general administrativo, Jonnathan Rodríguez Imbert, de sacar provecho económico del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
“Canó Sacco, prevaleciéndose de su posición de jefe de gabinete, benefició a través de la empresa Soluciones Integradas Mazur Báez , EIRL, a su socio Daniel Elías Manzur Báez, mediante órdenes de compra por varios millones de pesos que fueron emitidas por la Procuraduría General de la República Dominicana, configurándose una estafa agravada, según el interrogatorio a la ciudadana Rainery Elizabeth Medina Sánchez en el cual esta afirmó al Ministerio Público que Soluciones Manzur no prestó ningún servicio, pero cobró aproximadamente RD$50,000,000 y que a ella le hicieron repetir la solicitud de pago como cuatro o cinco veces porque ellos siempre querían algo diferente”, dice la solicitud de allanamiento y arresto que la PEPCA hizo al Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
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