El MotínPor Danilo Cruz Pichardo
A pesar de que el presidente de la República, Luis Abinader, es economista, con estudios de postgrado en universidades estadounidenses, y tener en su partido a técnicos calificados en esa área, los cuales trabajaron en el diseño de las políticas económicas para el Gobierno del cambio, el jefe de Estado optó por dejar en el Banco Central a Héctor Valdez Albizu, el mismo hombre que estuvo al frente de esa institución durante el reinado de 20 años del peledeísmo.
El presidente Abinader asumió un compromiso con los técnicos que elaboraron el Programa de Gobierno, el cual apenas ha sido saldado en un 17.8%. Entre esos técnicos hubo también expertos en asuntos judiciales. Algunos de ellos aspiraron, con derecho y méritos sobrados, a la Procuraduría General de la República, pero, al igual que con el Banco Central, el primer mandatario prefirió dejar el Ministerio Público en manos de una señora independiente y de dos jóvenes leonelistas.
Se calcula que entre el Banco Central y la Procuraduría General de la República hay aproximadamente 20 mil plazas. Pero Abinader evade el tema de los empleos de los perremeístas y demás miembros de fuerzas aliadas que hicieron posible el cambio, pese a que circula en redes sociales un spot de campaña donde se compromete a dotar de trabajo a todos los que hicieron aportes.
La última en referirse a ese vedado tema, la gobernadora de Monte Cristi, solo faltó cancelarla. Milagros Ortiz Bosch le reprochó de mala manera.
En pleno palacio hay un funcionario que alega que los perremeístas, en su mayoría, no tienen preparación y deben formarse de carreras técnicas en Infotep para poder optar por un empleo público. Y a las mujeres del PRM se les ha propuesto vender billetes de la Lotería Nacional.
La designación de Mirian Germán, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho en la Procuraduría es una estrategia del jefe de Estado, que procura que no le atribuyan perseguir a ningún antiguo funcionario peledeísta, consciente de lo que venía contra los hermanos de Danilo Medina.
La publicidad gubernamental se centra en resaltar a una justicia independiente, pero no hay tal independencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad hasta el momento ha sido un fracaso, si partimos del hecho que en siete meses solo se conoce el Operativo Antipulpo. ¿Cuáles son los logros que puede exhibir el Ministerio Público en cuanto a combate a la corrupción y a la impunidad?
Todos los demás escándalos de corrupción que involucran a las diversas dependencias del Estado están sin conocer. Y no hay la menor posibilidad de que Leonel Fernández y su gente, con responsabilidad compartida con Danilo Medina y sus funcionarios, sean sometidos a la justicia, pese a que hay méritos de sobra.
Todo lo contrario: la alianza de Luis Abinader con Leonel Fernández cada vez es más fuerte, no solo porque les ratificaron a todos los funcionarios, inclusive los que ocupan cargos diplomáticos, sino por la composición de las cortes y la designación que acaban de hacer en la Cámara de Cuentas y en la Defensoría del Pueblo, de la que solo falta la aprobación del Senado de la República.
El presidente Abinader subestima la inteligencia de la población al designar a una comisión de hombres y mujeres que se encargarán de elaborar el Proyecto de Reforma Integral de la Policía Nacional, una forma de aplacar la conmoción de la sociedad con motivo del asesinato de dos jóvenes cristianos (pareja de esposos) por parte de la Policía Nacional. A esa comisión se le concedió un año para rendir su informe. ¿Un año?
Un año es demasiado tiempo para limpiar a la Policía Nacional. El presidente de la República es el dominicano mejor informado y sabe que es un imposible combatir la delincuencia con una policía que en las últimas décadas ha sido parte del crimen organizado.
Es una forma de evadir responsabilidad. En esa comisión hay personas que no saben nada de seguridad ciudadana ni conocen las interioridades del denominado “cuerpo del orden”.
Pero como en todas las designaciones presidenciales, en esa comisión sobresalen los empresarios, que lo único que han sabido hacer es usar miembros de la Policía Nacional, pagados por el Estado, para el cuidado de sus empresas.
Las consultas nunca están demás, pero el caso demanda de expertos en la materia para celebrar un taller de una semana. Y partiendo de los resultados tomar las medidas correspondientes con la mayor rapidez posible y sin excluir en lo absoluto a los responsables del asesinato de la pareja de cristianos. Ese hecho de sangre no debe quedar en el olvido. Lo digo porque en estrategia de la comunicación se acostumbra a sacar temas de la palestra pública con otros temas.
Si es verdad que el presidente de la República está dispuesto a enfrentar la podredumbre policial solo tiene que valerse de sus atribuciones de jefe de Estado y no delegar nada ni dejar por doce meses lo que la población demanda hacerse en lo inmediato.
Para muchos se trata de una evasiva más, consciente que el tema es espinoso, pues se trata de una Policía Nacional llena de oficiales que en todo el territorio nacional se dedican a actividades ilícitas y que cuentan con el apoyo político de Danilo Medina, pero también de La Fuerza del Pueblo.
Una prueba está en que Rafael Guillermo Guzmán Fermín, antiguo jefe policial, violador de los derechos humanos, hombre de Leonel Fernández, ya se pronunció en contra de la reforma policial.
Reformar a la Policía Nacional, en la forma en que lo demanda la sociedad dominicana, para bajar los niveles de inseguridad ciudadana, sería una obra de un presidente dispuesto a jugársela, no de un empresario, que de paso se ha hecho acompañar también de una mayoría de empresarios, que solo esperan el momento oportuno para sacar beneficios del Estado dominicano.
La gran mayoría de los dominicanos aprueba limpiar a la Policía Nacional. Algunos analistas, inclusive, sugieren el desmantelamiento de la institución para crear otra.
El presidente de la República formula muchas promesas, pero termina delegando, evadiendo, incumpliendo y guardando silencio, razón por la cual los perremeístas y fuerzas aliadas, empiezan a exhibir escepticismo.
Al Gobierno le vienen unos problemas gruesos por ahí, pero ya se escuchan a perremeístas expresar que les corresponde a los empresarios que están “chupando en el poder” enfrentar esos casos.
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