Amaurys Florenzán
Familiares de un grupo de choferes ejecutados sumariamente por la banda de sicarios que encabeza Erinson de los Santos Solís (Ney), emplazaron hoy al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que revele la identidad de las personas que “dan órdenes superiores a jueces”, para favorecer a criminales y narcotraficantes.
Entre los choferes ejecutados figuran Ovenys Guerrero, Ángel Javier, Mateo Nieves de Jesús, Bladimir Starling Martínez Ruiz, y el licenciado Kelvin Sentil Feliz. Y resultaron heridos Eddy Francisco Sánchez, Manuel Emilio Romero Figueroa, Ramón Antonio Peña Beltré, Belarminio Emilio Brito y Franz Lausin.
El reclamo se produce días después que la jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, acusada de integrar una asociación de jueces para delinquir, dijera al ser investigada que ordenó la devolución de un avión y 20 millones de dólares en sendos casos de droga, y que dispuso la libertad de Erinson de los Santos Solís, cabecilla de la temible banda de sicarios, por órdenes superiores. También admitió haber recibido dinero.
Tanto las víctimas como sus abogados exigen que se investigue de dónde provino el dinero con el cual fue sobornada la magistrada Awilda Reyes Beltré, para favorecer al sicario de Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís (Ney), puesto que sus abogados son apenas intermediarios.
Al reclamo se unieron la viuda y familiares del asesinado regidor de Bayaguana, Renato de Jesús Castillo Hernández, ejecutado por otra banda de sicarios, y cuyo alegado patrocinador, el suspendido alcalde Nelson Osvaldo Sosa Marte (Opi), y uno de los sicarios, Dawri de la Cruz, fueron puestos en libertad, y este último excluido del proceso en la audiencia preliminar, sin dar motivos serios y pertinentes, por el Juez Darío Gómez Herrera. En este mismo proceso éste Juez ya había puesto en libertad al sicario Freddy Alberto De La Cruz.
Yokasta y Linette Castillo Hernández, hermanas del occiso y la viuda Raysa Julieta Acosta, solicitaron del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Mariano Germán, una exhaustiva investigación sobre los reales motivos que habría tenido el magistrado Darío Gómez Herrera para poner en libertad a estos criminales, puesto que ahora temen por sus vidas.
Por su parte, los abogados de las víctimas reiteraron que los hechos denunciados no son nuevos, puesto que ellos lo habían advertido, y que inclusive, recusaron a los jueces Darío Gómez Herrera, de la Corte Penal de Santo Domingo y a la magistrada Awilda Reyes Beltré, de primera Instancia del Distrito Nacional; pero tanto la Corte del Distrito como la de Santo Domingo, hicieron caso omiso, lo que permitió que los hechos denunciados se consumaran.
Los letrados expresaron que los delitos de prevaricación y cohecho por los cuales seis jueces son investigados y a otro ya le ha costada el cargo, no son hechos aislados, sino parte de una estructura con vínculos políticos partidarios, que en un principio fue concebida para blindar a corrupto del gobierno y que luego degeneró en un grupo económico-delincuencial.
Expresaron su temor a que el actual escándalo sea capitalizado por el actual gobierno para secuestrar la justicia y blindarse ante eventuales sometimientos por corrupción, como habría ocurrido con el pasado gobierno.
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