El asesinato de mi hijo y la nefasta realidad de los tribunales de la República

Si no existe un régimen de causa-consecuencia o crimen-castigo, se invita a las personas a cometer crímenes y delitos. En nuestro país la justicia y la protección ciudadana, si es que se les puede llamar así, se han tornado por completo incompetentes. Jueces, fiscales y policías han perdido su razón de ser.

No es una excepción, por el contrario, es la regla, los casos que se vuelven eternos en los tribunales, de los cuales muchos terminan por enviar a la calle a culpables de crímenes horrendos, poniendo en peligro a toda la sociedad.

El gobierno, por su falta de diligencia en unos casos, y su complicidad en la mayoría, ha generado una promoción de la criminalidad, ha cultivado la impunidad.

No es el látigo el que golpea, sino el verdugo que lo tiene agarrado por el mango. No debemos descargar nuestra ira en el policía corrupto o muy mal pagado, en el incompetente fiscal o en el juez acobardado. Los verdaderos responsables son los que dirigen el Estado. Esos son los que nos tienen en la pésima situación que estamos.

El 11 de marzo de 2012, mi hijo Claudio Francisco Duarte Caamaño Vélez fue asesinado por la espalda. A partir de ahí nuestra familia ha tenido el irreparable sufrimiento de no tenerlo entre nosotros, lo cual es normal ante la pérdida de un ser querido. Lo que no es normal es el otro sufrimiento, el de ir mes tras mes a cada una de las 41 audiencias contra sus asesinos sin ver aún un asomo de respeto por la vida ni por la justicia; eso no es normal, no lo podemos aceptar, ni como familia, ni como nación.

Hemos sufrido en carne viva, durante 2 años y 11 meses, la nefasta realidad de los tribunales dominicanos, donde no funciona ninguno de sus componentes.

Nos gustaría pensar que esto es algo que solo le pasa a nuestra familia, pero no es así. Es un cáncer que ha hecho metástasis en todos los tribunales de la República Dominicana y que hay que extirpar ya, cueste lo que cueste.

La fiscalía desde un inicio preparó una acusación precaria, que evidenció una pobre investigación, teniendo nosotros mismos que preparar una acusación alternativa, y realizar nuestras propias investigaciones para determinar lo que pasó. Donde asesinaron con premeditación y alevosía a Claudio Francisco había más de 200 personas, de las cuales apenas conseguimos cuatro testigos. Los demás fueron amenazados e intimidados por asociados de los sicarios, con relaciones muy influyentes con altas autoridades locales y nacionales. Situación que denunciamos ante la fiscalía pero que no tuvo ninguna reacción, incluso cuando la denunciamos directamente al procurador general de la República. En ese mismo lugar también fueron heridas otras cuatro personas, una gravemente, pero éstas no se atrevieron siquiera a poner la querella, fruto de las mismas amenazas e intenciones de asesinato que aún a la fecha persisten y están impunes.

El tribunal, lo primero que hizo fue descargar de manera absoluta a la mayoría de los apresados por el caso, dejando en prisión a uno solo. Las juezas del Tribunal Colegiado de Peravia: Orquis Celado González (presidenta), Quenia Pol Sanquintín y María Cordero Segura jamás han asumido el carácter de que el caso llegue a su conclusión, aceptando cada una de las tropelías de los abogados defensores, aplazando una y otra vez las audiencias, permitiendo en sus caras que nuestra familia sea ofendida y amenazada. Muchos de los aplazamientos se han producido porque el mismo tribunal no envía las citaciones ni hace cumplir sus propias sentencias.

De nuestros testigos, solo dos nos quedan porque han sido constantemente amenazados, uno de ellos, Abraham Martínez, ha sido en varias ocasiones objeto de intentos de asesinato. En el último de estos llegaron a realizarle varios disparos, logrando salvar la vida por la intervención de personas que lograron repeler la agresión. En reiteradas ocasiones tanto verbal como por escrito le hemos solicitado protección para los testigos, para mí y nuestra familia al procurador fiscal de Peravia, Lic. Constantino Beltré Sánchez, en ningún momento nos ha proporcionado protección alguna, como ordena el artículo 26, numeral 2, de la Ley Orgánica del Ministerio Público. De qué sirve que esta ley en más de veinte artículos hable de la protección a víctimas y testigos. De qué sirven las leyes si los encargados de ejecutarlas no las cumplen.

Actualmente tenemos una investigación abierta por ante la Oficina Nacional de la Defensoría Pública, para que se determine por qué el abogado defensor público asignado mediante sentencia a uno de los tres imputados, no ha asistido nunca, provocando el aplazamiento de las últimas cuatro audiencias y el tribunal no hace nada.

Hemos denunciado ante el Ministerio de Defensa y las jefaturas de la Armada y el Ejército de la República Dominicana a familiares de los asesinos que nos han estado amenazando así como a nuestros testigos, que asisten a las audiencias a intimidar y agredir a nuestra familia. Ese es el caso entre otros del teniente Diómedes González Martínez E.R.D y el sargento Wirman Luis Martínez Arias de la A.R.D. A pesar de que tenemos años denunciando estas situaciones nada han hecho sus respectivos cuerpos armados, continuando aún estos con sus prácticas ilegales y abusivas en nuestra contra.

Nunca le había pedido algo a un presidente, pero ante la situación de que se pudiese desatar una nueva tragedia, fui recibido cordialmente por el presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, hace nueve meses, para que éste dispusiera de sus buenas acciones en la solución de las trabas y peligros que tiene este proceso.

Dos meses después de esta reunión visité al jefe de los Ayudantes Militares del Presidente, mayor general Adán Cáceres Silvestre, E.R.D, el cual me mostró un informe lleno de falsedades sobre lo que traté al presidente Medina, y todo sigue igual.

Nuestra familia ha tomado la firme e irrenunciable decisión de iniciar una lucha para que nuestro derecho de justicia no sea pisoteado como hasta ahora. Esta lucha no es solo contra los asesinos de nuestro hijo, es sobre todo una lucha contra un sistema judicial nefasto, promotor de crímenes y generador de impunidades.

El pueblo dominicano no debe aceptar esto como normal. Debemos todos repudiar lo que está ocurriendo con la justicia en nuestro país. Vivimos en un Estado democrático, que tanto sacrificio nos ha costado, pagamos con altos impuestos el presupuesto de la nación. ¿Entonces, por qué no recibimos lo que merecemos, lo que nos corresponde por derecho? ¡Basta ya!