RedacciónEl legislador de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Robinson Díaz, denunció que está «claro y contundentemente» demostrado que la Cámara de Diputados se ha convertido en un “blindaje” para la corrupción en el país.
Díaz hizo su denuncia al recordar que depositó el 8 de febrero del 2018, ante la secretaría legislativa de la Cámara de Diputados, un proyecto de resolución en el cual se invita al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para que explique las licitaciones contratadas para suplir alimentos a las cárceles del país, por un monto de 500 millones de pesos.
El legislador opositor aseveró que en la Cámara Baja no hay interés de investigar la corrupción.
Dijo que espera que su solicitud pueda ser acogida junta con el pedimento hecho por el bloque de diputados del PRM a la Cámara de Diputados para interpelar al procurador Rodríguez, por la violación de la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura, su reglamento, y la Constitución, durante sus cuestionamientos a la magistrada Miriam Germán Brito, jueza de la Suprema Corte de Justicia en el proceso de su evaluación.
En uno de los considerandos, el proyecto de resolución sometido por Díaz, establece que el artículo 95 de la Constitución da facultades al Congreso Nacional para interpelar a los ministros y viceministros, al gobernador del Banco Central y a los directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado.
También, a los de entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren la mayoría de los miembros presentes, a requerimiento de al menos tres legisladores, así como recabar información de otros funcionarios públicos competentes en la materia y dependientes de los anteriores.
Mientras que el párrafo de dicho artículo indica que, “Si el funcionario o funcionaria citado no compareciese sin causa justificada o se considerarán insatisfactorias sus declaraciones, las cámaras, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al presidente de la República o al superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de responsabilidad.
