Narciso Isa CondeEl cogollo del Partido de la Liberación-PLD ha instalado en República Dominicana-multiplicando la corrupción hasta saturar Gobierno y Estado- una dictadura institucionalizada bajo control de la Presidencia de la República y de sus dos principales dirigentes (presidente Danilo Medina y ex-presidente Leonel Fernández) y facciones; siempre asociados a cúpulas empresariales y consorcios extranjeros de viejo y de nuevo tipo.
Esta dictadura, en consecuencia, está al servicio del enriquecimiento colosal y vertiginoso de una minoría protegida por los jerarcas que manipulan el aparato judicial, Policía, Fuerzas Armadas súper-intendencias de bancos, seguros, pensiones, cúpulas eclesiales y partidistas, Congreso, Cámara de Cuentas, Presidencia de la República y ministerios; escenarios en los que se instrumenta el “blindaje” de la impunidad de sus propios integrantes y de los jerarcas involucrados en robos y crímenes contra el pueblo.
La Junta Central Electoral-JCE, el Tribunal Supremo Electoral-TSE y el Tribunal Constitucional-TC, son mecanismos controlados que le han garantizado permanencia y blindaje. El clamor de justicia es bloqueado por esa muralla estatal asociada a escandalosos favores a corporaciones y grupos capitalistas de aquí y del exterior: Odebrech, Barrick Gold, Gold Quest, facciones del CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA-CONEP y de las Cámaras de comercio e inversiones empresariales.
Pero de todas maneras, casos señeros de narco-corrupción ( narco-cárteles como los de Quirino, Figueroa Agosto, Nelson Solano…), y escándalos tipo Peme, Renove, Bahía de la Águilas, Valle Nuevo, Sun Land, Tres Brazos, Antena Latina, Súper-Tucanos, concesiones mineras onerosas, granceras depredadoras, scaners-JCE, corruptelas reeleccionistas … se han encargado de descubrir a los jefes y cómplices de la corrupción impune; muchos vinculados a elevadas funciones de Estado, pertenecientes al liderazgo de los partidos del sistema y conectados a cúpulas capitalistas; acompañados de sus respectivas sanguijuelas, generalatos, testaferros y lobbystas mafiosos.
Es evidente que la impunidad judicial la conducen los líderes del PLD, altos funcionarios del área y oficinas jurídicas bajo su control; mientras los armadores de la sobrevaluación de las Plantas de Punta Catalina y otras obras de envergadura -en contubernio con Odebrech y empresas asociadas- son los mismos que controlan el gobierno con la bendición magnánima de ciertos jerarcas religiosos. Y esto ha terminado por generalizar la indignación popular y abrirles compuertas a la democracia de calle con marchas como la de hoy.
Procede, pues, enfrentar con vigor los poderes y personeros de la corrupción, demandando cárcel y recuperación de lo robado para devolvérselo al pueblo en bienestar social colectivo. Se impone arreciar las movilizaciones para acorralarlos, proponiéndonos a la vez derrotar la dictadura corrupta y transformar este Estado y este sistema a través de un proceso constituyente participativo y soberano. 22.01.16 Santo Domingo, RD.
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