El MotínDanilo Cruz Pichardo
Los procesos judiciales contra dirigentes del PLD, acusados de corrupción pública, incrementarían la estampida que se viene registrando en esa antigua poderosa organización política. En un período de meses miles de miembros, incluyendo a senadores, diputados, alcaldes y regidores, se han ido a la Fuerza del Pueblo, que lidera el doctor Leonel Fernández, quien gobernó al país durante doce años.
Analistas políticos entienden que, con motivo del apresamiento de diez personas, incluyendo a Alexis Medina Sánchez (hermano de Danilo Medina), acusado de ser cabeza de una red criminal que cometió delitos que involucran a miles de millones de pesos en desmedro del contribuyente, la ida de peledeístas hacia la Fuerza del Pueblo sería mayor, algunos bajo la creencia que estarían a salvo en esa entidad, ante la alianza estratégica sostenida por Leonel Fernández y Luis Abinader.
Parece no darse cuenta, sin embargo, que se trata de un Ministerio Público independiente, el cual tiene que administrar justicia equilibradamente, sin carácter selectivo y donde no haya corruptos preferidos. Tanto los dirigentes del PLD como los de la Fuerza del Pueblo estuvieron, en su mayoría, en la administración pública parcial o totalmente durante los 20 años que gobernó la organización cuyo lema es “Servir al partido para servir al pueblo”.
Tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblo hay gente acusada de la comisión de hechos criminales contra el Estado dominicano.
Y entre Danilo Medina y Leonel Fernández, en sus pasos por el poder, no han exhibido diferencias doctrinarias, programáticas ni éticas. Ambos tienen el mismo concepto sobre el manejo de los asuntos de la administración pública. En ambas gestiones hubo grandes escándalos de corrupción.
Hasta el momento el Ministerio Público cuenta con la aprobación de la gran mayoría de los dominicanos. Y las expectativas son que todo el que haya cometido crimen alguno contra el Estado sea procesado judicialmente, indistintamente de colores políticos. A la doctora Miriam Germán no la identifican con ninguna agrupación política. A Yeni Berenice Reynoso, en cambio, hay quienes le atribuyen inclinación hacia el doctor Leonel Fernández, aunque, cierto o no, esa dama ha exhibido, en su ejercicio judicial, apego a las leyes y profesionalidad.
La realidad es que la credibilidad pública de la Procuraduría General de la República va a depender de su equilibrio en la impartición de justicia, pues contrariamente sufriría deterioro y se estaría ofreciendo argumentos a ciertas voces que alegan persecución política, como ocurrió contra Salvador Jorge Blanco y algunos colaboradores cercanos en la última parte de la década de los 80´.
Los dominicanos más sensatos aspiran al adecentamiento definitivo de la administración pública. Y el momento que se vive se percibe para muchos como el inicio de ese proceso, en el cual, para que sea ejemplarizante, tiene que ser debidamente sancionado todo el que fue al Estado a enriquecerse o que en rol de proveedor se valió de entramados mafiosos que afectaron el interés nacional, como el que observamos en la actualidad y que abarca a una parte de la familia Medina Sánchez.
Desde hace más de una década Perú está a la cabeza, entre los países de la región, en sanción de la corrupción pública, producto de una justicia equilibrada e independiente, que ha sabido apresar a expresidentes de ese país, candidatos presidenciales y funcionarios de diversos niveles, sin hacer reparo en colores políticos de ninguna clase.
La persecución contra la corrupción en el Perú ha provocado renuncia de presidentes en ejercicio y hasta el suicidio de Alan García, quien gobernó a ese país durante dos períodos.
Cuando se trata de hacer cumplir las leyes no importa que caiga quien caiga. Desde hace algún tiempo, en la República Dominicana, se observa un despertar, mayor conciencia y disposición de luchar contra la corrupción pública y la impunidad. La designación de un Ministerio Público independiente es una medida presidencial que ha gozado de alta aprobación.
Ahora, sin embargo, le corresponde al Ministerio Público exhibir la independencia y la firmeza que la población anhela, haciendo los sometimientos correspondientes contra todos aquellos que han tenido la osadía de adueñarse de fondos públicos en el pasado y en el presente, independientemente de ideología política ni clase social.
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