Los jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenaron que Rafael Luis Martínez, asumiera la administración judicial provisional del Centro Médico Gascuez, S.A., que estaba bajo la dirección del médico cirujano, Edgar Isidro Contreras, y sus parientes Omar Baldomero y Luz Divina de la Altagracia Rosario.
También, mediante la sentencia número 023-02-2018-SCIV-00122, los magistrados Edison Alarcón, Marilyn Musa Valerio y Miguelina Ureña Núñez, ordenaron que el cirujano Edgar Contreras, su hermano y su madre, entreguen el Centro Médico Gascues.
El doctor Rufino Oliven Yan, abogados representantes de los médicos del referidos centros, los doctores Ramón Ant. Valentín Bretón Alba, Osvaldo Antonio Domínguez Salcedo, Luis Roberto de Jesús Romero Merejo y Rhina Altagracia Aquino, indicó que el cirujano Contreras al igual que sus familiares, se están burlando de las autoridades judiciales, pues hay una orden de arresto que fue dictada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por la acusación de falsificación de documentos con la que se adueñaron del referido centro médico.
Igualmente, el jurista Oliven Yan señaló que después de tantos procesos, lograron que un tribunal designara un administrador Judicial, y que con esta decisión se busca garantizar los bienes de los socios y propietarios de los títulos de la institución sanitaria.
Contreras y su sus hermanos Omar y Luz Divina fueron condenados a tres años de prisión el pasado 11 de septiembre de 2017, con la modalidad de suspensión de la pena por dos años, en tanto que a su madre, Valentina Rosario viuda Contreras, le fue dictada prisión domiciliaria
Asimismo, fue dictada una orden de arresto contra los condenados, que fue emitida por el juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, Elías Santini, la cual está contenida en la resolución 302-2017.
Además, el doctor Ramón Antonio Bretón, uno de los accionistas, dijo que Omar Contreras, como accionista mayoritario del Centro Médico Gascue, tomó un préstamo, que no cumplió y luego subastó el inmueble a Luis Carbuccia y Eladio Martínez, quienes lo vendieron a seis médicos y otras personas.
Indicó que Bretón expresó que los condenados transfirieron a su nombre los títulos de los locales subastados por la entidad bancaria que adquirió el inmueble.
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