El MotínSanto Domingo.– El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, expresó el respaldo institucional del gremio a la propuesta de aplazar por aproximadamente seis meses la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, con el propósito de corregir disposiciones que, a su juicio, presentan incongruencias, desaciertos e incluso posibles inconstitucionalidades.
Potentini sostuvo que, si bien el país necesita con urgencia una legislación penal moderna, capaz de responder a la evolución del crimen organizado, los delitos tecnológicos y las nuevas modalidades delictivas, esa actualización no puede realizarse a costa de derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución.
El presidente del CARD reconoció que el Código Penal es una necesidad y un imperativo para la República Dominicana, pero debe entrar en vigor con las correcciones necesarias, entre los temas que requieren revisión figuran disposiciones que podrían afectar la libertad de expresión y otras conquistas democráticas, las cuales, afirmó, deben ser reivindicadas y adecuadas al marco constitucional antes de que la normativa comience a regir.
En ese sentido, Potentini indicó que el Colegio de Abogados suscribe la posición planteada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), consistente en que el Congreso Nacional apruebe una prórroga que extienda la entrada en vigencia del Código Penal más allá del próximo 5 de agosto, otorgando un plazo aproximado de seis meses para realizar las modificaciones pertinentes.”Respaldamos plenamente una prórroga legislativa que permita perfeccionar el texto, corregir las inconsistencias detectadas y garantizar que el nuevo Código Penal nazca fortalecido, respetando plenamente los principios y derechos constitucionales”, expresó.
Las declaraciones de Trajano Potentini fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Matinal 5, transmitido por Telemicro, canal 5, donde participó junto a los periodistas Persio Maldonado, Laura Castellanos y Domingo del Pilar, quienes abordaron los principales desafíos jurídicos y constitucionales que plantea la inminente entrada en vigencia de la nueva legislación penal.
El presidente del CARD reiteró que una revisión responsable del texto fortalecerá la seguridad jurídica y permitirá que el país cuente con un Código Penal moderno, constitucionalmente sólido y acorde con las exigencias del Estado Social y Democrático de Derecho.
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