El MotínPor Virgilio Almánzar
En República Dominicana nos hemos acostumbrado a una práctica que, por repetida, no deja de ser inconstitucional: jóvenes que mueren a manos de agentes de la Policía Nacional en los llamados “intercambios de disparos”.
Como sociedad, debemos ser claros en dos cosas. Primero: nadie defiende la delincuencia. Sabemos que hay jóvenes que han tomado caminos desviados y que riñen con la ley, y que eso causa dolor en barrios como Los Alcarrizos, Villa Altagracia y en todo el país. Deben responder ante la justicia.
Segundo: esa realidad no le da derecho al Estado a ejecutar.
Cuando la Policía mata a un ciudadano fuera de un juicio, sin importar quién sea, viola la Constitución que juró defender. El artículo 37 es tajante: “El derecho a la vida es inviolable. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.” En República Dominicana no existe pena de muerte, ni siquiera para el peor crimen.
Lo violan también los artículos 38 y 40: la dignidad humana es sagrada y toda persona tiene derecho al debido proceso, a ser apresada, llevada ante un juez, a defenderse. La calle no puede ser el tribunal y el policía no puede ser el juez y el verdugo.
Esto no ha dado resultado. Tenemos décadas con la misma política y la delincuencia no baja. Lo que sí deja es desconfianza. El pueblo ya no cree en la versión del “intercambio”, porque es muy burda la forma en que se presenta: el mismo relato, el mismo final, jóvenes muertos sin un rasguño para la patrulla, sin cámaras, sin investigación del Ministerio Público.
Si el Estado viola la ley para aplicar la ley, pierde toda autoridad moral. Se iguala al delincuente.
Hacemos un llamado a la reflexión. Que se respete la Constitución. Que si un joven delinque, se le apresa vivo y se le somete. Que se investigue cada muerte. Que se respete el debido proceso. Solo así habrá justicia de verdad y no venganza disfrazada de operativo, segun expresó Nelson Díaz, director de prensa del Comité Dominicano de los Derechos Humanos.
*El autor es presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos
