El MotínEl Ministerio Público reafirmó en un tribunal que a la empresa brasileña Odebrecht le fueron adjudicadas 16 obras cuyos contratos y aprobación de financiamiento fueron obtenidos mediante el pago de sobornos a legisladores y funcionarios de la República Dominicana.
En ese sentido, indicó que los pagos fueron realizados a través del intermediario comercial de Odebrecht en el país, el imputado Ángel Rondón Rijo o por vía directa, utilizando una estructura corporativa de dos empresas offshore del encartado, registradas en Antigua, Barbuda y Panamá, denominadas Conamsa Internacional y Lashan Corp, en coordinación con la sociedad comercial Norberto Odebrecht.
La afirmación fue hecha por los representantes del órgano acusador en la parte introductoria de la acusación presentada este jueves en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de que se ordenara la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, representa al Ministerio Público junto a los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, y los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
El Ministerio Público indicó que a través de las diligencias de investigación realizadas en este caso pudo establecer que la Constructora Norberto Odebrecht fue contratada para la ejecución del Acueducto de la Línea Noroeste, la Hidroeléctrica Pinalito, la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, la Hidroeléctrica de Palomino, el Acueducto de Samaná y el Acueducto Hermanas Mirabal.
También, para la construcción de la Carretera de Casabito, Autopista del Coral, el Corredor Duarte, Carretera Bávaro-Miches-Sabana de la Mar y la Carretera el Río-Jarabacoa, así como del Corredor Duarte II, Circunvalación de La Romana, Carretera Cibao-Sur y Eco vías de Santiago, entre otras.
En su acusación el Ministerio Público precisa que una sociedad offshore constituye una empresa cuya característica principal es su registro en un país en el que no realiza ninguna actividad económica. Refiere que los países en los que normalmente se incorporan estas empresas, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), son denominados paraísos fiscales y/o guaridas financieras de los que las susodichas empresas se benefician mediante las ventajas fiscales que éstos ofrecen apoyándose en colaboradores como bancos, consultores, bufetes de abogados y asesores fiscales.
“Las personas extranjeras que controlan las sociedades offshore utilizan el paraíso fiscal como domicilio legal para protección de activos, confidencialidad, privacidad y ventajas fiscales”, explicó el Ministerio Público.
“Típicamente, estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos, así como el secreto bancario que se presta para el lavado de activos, el enriquecimiento fraudulento y la evasión del pago de gravámenes, sobre todo en el país de donde proceden los capitales”, señala.
Indica que “el imputado Rondón Rijo utilizaba un tipo de sociedad fantasma o pantalla en Antigua y Barbuda en coordinación con otras empresas receptoras parasitarias de carácter familiar operando indistintamente y mediante el ciberespacio y el sistema descentralizado en línea de redes (Internet), en Antigua y Barbuda, Panamá y República Dominicana desde el año 2002, entre ellas, la ya citada Lashan Corp, de acuerdo a los papeles de Panamá que destapó el caso del bufete de abogados panameños Mossack Fonseca.
Agrega que las sociedades offshore o de pantalla creadas en Panamá fueron también utilizadas por el imputado Víctor Díaz Rúa, quien es el mayor accionista de las compañías Mykonos Administration y Oriental Sidewalk.
Los representantes de la institución persecutora de la corrupción expusieron que Víctor Díaz Rúa utilizó las sociedades Newport Consulting Ltd. y Aragón Business Ltd. constituidas y representadas por Conrado Pittaluga en Antigua y Barbuda con el propósito de recibir pagos de sobornos y realizar operaciones de lavado de activos.
El Ministerio Público pudo determinar que durante el período comprendido entre 2002 al 2014, el imputado Ángel Rondón Rijo entregó altas sumas de dinero por concepto de soborno a favor de los funcionarios públicos y legisladores, los cuales, insiste, presentaron un incremento de su patrimonio que no pueden justificar.
Por los US$92 millones que la empresa Odebrecht admitió que pagó de sobornos en el país para la adjudicación de obras públicas son procesados junto a Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez, quienes son acusados de recibir sobornos, así como de incurrir en prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
El órgano de justicia señaló que dentro de las gestiones realizadas por Rondón Rijo en el Senado de la República se destacan los contactos y reuniones con Tommy Alberto Galán, exsenador por la provincia San Cristóbal, y presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de la República, quien según las delaciones obtenidas por el Ministerio Público influía entre sus colegas para la aprobación rápida de financiamientos.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo aplazaron el juicio para el próximo 12 de noviembre, luego de acoger la solicitud de uno de los abogados de la defensa, quien señaló que se había cumplido el horario establecido.
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