RedacciónEl Ministerio Público logró la primera sentencia condenatoria en el país de 30 años de reclusión mayor, en contra de Miguel Ángel Jorge Cruz “Miguelito el Sicario” por un caso de asesinato en el cual el cadáver de la víctima no pudo ser hallado, sentando de esta manera un importantísimo precedente para el órgano acusador en materia de crimen organizado.
Durante el juicio, el Ministerio Público comprobó ante el Cuarto Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, que el hoy condenado incurrió en la violación de los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Procesal Penal Dominicano que tipifica el asesinato y el sicariato como un delito.
El expediente acusatorio narra que el condenado Miguel Ángel Jorge Cruz alias (Miguelito El Sicario) y la víctima Ramón Adolfo Rodríguez Castillo acordaron reunirse en una estación de combustible, la tarde del 27 de junio 2017, fecha en que el acusado asesinó y desapreció el cuerpo de la víctima.
A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público informó que el proceso investigativo incluyó e análisis de inteligencia electrónica, recolección de pruebas testimoniales, documentales, materiales, referenciales y periciales, a través de las cuales se determinó que la última vez que la víctima se vio con vida fue junto al acusado, además de que el incendio de su vehículo fue provocado y que Jorge Cruz estaba en el lugar del hecho, lo que confirma su culpabilidad.
Se informó además, que Miguel Ángel Jorge Cruz, “Miguelito el Sicario” fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, donde cumplirá la pena de 30 años.
El caso antes descrito es una clara muestra de que el Ministerio Público sigue cumpliendo con el compromiso de procurar y someter a la justicia a todo aquel que infrinja la ley, para que sea castigado conforme a las sanciones establecidas para el delito que haya cometido.
Casos similares a este, en el que se ha desaparecido el cadáver de la víctima, sin que pueda ser hallado, tienen jurisprudencia en otros países como España, Argentina, Chile, Costa Rica y Guatemala, logrando que se dicten sentencias para que los culpables sean condenados.
