RedacciónDesde finales de noviembre, el presidente Danilo Medina devolvió al Congreso Nacional, con las observaciones de lugar, el Código Procesal Penal que tiene como fecha límite para entrar en vigor el próximo 15 de julio y que, en caso de que el Poder Legislativo quiera volver a aprobarlo, tal cual lo había hecho, tendría que contar con las dos terceras partes para poder imponerse a la observación del Ejecutivo.
Si no logran reunir las dos terceras partes, quedarían eliminados los artículos en los que se sanciona el aborto del embarazo cuando peligra la vida de la mujer, cuando ésta ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.
La disposición del Ejecutivo es un triunfo para los sectores más democráticos de la República Dominicana, y una derrota para los más conservadores y derechistas; sin embargo, presiones de religiosos en iglesias y labores de cabildeos, con la cúpula política, ponen en riesgo lo que el Presidente de la República entiende como derechos legítimos e inalienables de la mujer dominicana.
Este martes, cientos de feligreses de distintas iglesias de la capital se mantuvieron frente al Congreso Nacional para pedir el rechazo de las observaciones del presidente Medina al Código Penal.
Los carteles que llevaban los manifestantes expresaban: “Los bebés no saben de leyes”. “Sí a la vida, no al aborto”. “Legisladores defiendan la vida”. “Ratifiquen el Código Penal”, entre otras consignas que mantienen los católicos liderados por el padre Manuel Ruiz, de la Pastoral de la Familia, y el pastor Fidel Lorenzo, presidente del Consejo Domiciano de Unidad Evangélica (Codue).
En la mañana de este miércoles, desde muy temprano, un grupo de organizaciones, instituciones, y ciudadanos y ciudadanas integrantes de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres se congregaron frente al Congreso Nacional para solicitar al que se acoja la Observación del Presidente de la República al recién aprobado Código Penal, y se establezcan excepciones a la penalización de la interrupción del embarazo.
“La penalización absoluta del aborto es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, un problema de salud pública, de justicia social y de democracia”, declararon los manifestantes.
Opiniones
Entre las voces a favor y en contra, que se alzan en estos días, está la del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Gemán Mejía, quien se mostró en desacuerdo con las observaciones que el mandatario Danilo Medina hizo al nuevo Código Penal, porque-según él-, rompe el consenso con lo aprobado por los diputados y senadores.
Añadió que de acoger las modificaciones planteadas en las observaciones del Ejecutivo, se estaría legitimando el aborto y creando conflicto con las iglesias y los sectores que están a favor de su despenalización.
Por su parte, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez dijo que está dispuesto a reunirse con el presidente Danilo Medina sobre las observaciones que hechas al Código Penal, en lo relativo al aborto; pero, que eso depende de la disponibilidad del Presidente, y aclaró que ya la iglesia católica ha expresado en múltiples ocasiones lo que entiende sobre el derecho a la vida.
Ante la interrogante de DominicanosHoy, acerca de la brecha que abre el artículo 42 de la Constitución de la República, en virtud del derecho a la vida, cuando está en riesgo y se pueden hacer procedimientos médicos necesarios para salvarla, el arzobispo de Santo Domingo mandó a callar a quienes opinan sobre la despenalización del aborto, tras argumentar que solo los médicos y juristas están facultados para abordar ese tema, que mantiene enfrentados a las iglesias con grupos de la sociedad civil.
En tanto que Sergia Galván, directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, consideró “justa y sensata la decisión del presidente Danilo Medina, al observar la ley del Código Penal Dominicano, y la solicitud de que sea modificados los artículos 107, 108, 109 y 110, del Capítulo 1 del proyecto, que tratan sobre el aborto.
“El Presidente ha actuado basado en la Constitución, que es clara cuando establece las responsabilidades del Estado de garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad y a la integridad psíquica y moral de las personas. Hay que subrayar que no se trata de legalizar el aborto, ni despenalizarlo en su totalidad, sino de poder aclarar los casos en que se haga necesaria la intervención. Esperamos que nuestros legisladores no incurran en una violación tan grave de nuestros derechos humanos”.
La directora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Lourdes Contreras, entiende que las cámaras legislativas tienen en sus manos la oportunidad de asumir decisiones postergadas por gobiernos anteriores. “Ahora son dos las opciones, alinearse a las justas propuestas del presidente Danilo Medina o de actuar conforme a lo planteado por los religiosos que, arbitrariamente dicen defender la vida, aunque esto vaya en contra de esta misma, si se trata de los puntos observados en el Código Penal”.
Otras abanderadas de la defensa de la mujer y su decisión ante la vida, son las integrantes de la Articulación Nacional Campesina (Conamuca), Juana Mercedes y Juana Ferrer, quienes expresaron a este multimedios su confianza en que no se cometa un retroceso jurídico con el Código y que la mujer no corra tantos peligros, sobre todo las más pobres, cuando de embarazos con problemas se trate.
Convocan
El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, convocó a los legisladores a una sesión ordinaria para mañana jueves, según informó el presidente de la Comisión Permanente de Justicia Demóstenes Martínez, a la vez que el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Maldonado, comunicó que otros temas de interés nacional, se podrían conocer las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al Código Penal en lo relativo al aborto.
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