RedacciónEl Ministerio Público solicitó la imposición de tres meses de prisión preventiva en contra de cinco hombres que fueron arrestados durante varios allanamientos realizados en dos compañías de seguridad privada del municipio de Salcedo y en una sucursal en San Francisco de Macorís, durante los cuales fueron decomisadas unas 56 armas de fuego sin documentación.
La medida de coerción fue solicitada al Juzgado de la Instrucción en contra de Frank Féliz Hernández y Julio César Encarnación de los Santos, propietarios de las compañías Guardianes G3D y Profesional Detective And Services, Security Consulti Group, respectivamente, así como de Héctor Tobías Alba, Ramón Polanco Reyes y Juan Manuel Zapata Paulino, éste último conocido también como José Manuel Zapata.
Mediante una nota de prensa, se informó que el tribunal conocerá la solicitud de imposición de medidas de coerción el próximo miércoles, 29 de noviembre de 2017, a partir de las 9:30 de la mañana.
El grupo es acusado de violar los artículos 3, 45, 46, 48, 50, 51, 66, 67 y 70 de la nueva Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, señala la información.
Con relación a los allanamientos, detalla que éstos se llevaron a cabo en la oficina central de la compañía Guardianes G3D y en la empresa Profesional Detective And Services, Security Consulti Group, en el municipio de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal, y en una sucursal de la primera que funciona en San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.
El Ministerio Público explicó que los imputados fueron arrestados en el transcurso de una investigación que inició luego de una labor de inteligencia de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, la Fiscalía del Distrito Judicial Hermanas Mirabal y la Superintendencia de Seguridad Privada.
Las autoridades informaron que en el transcurso de la investigación han podido establecer que las armas eran adquiridas de manera ilegal y que dichas compañías reclutaban en diferentes pueblos a extranjeros sin documentación migratoria legal para prestar servicios de seguridad en diferentes plazas comerciales, bancos, hoteles y residencias, poniendo en peligro las vidas de los ciudadanos, porque los mismos no fueron capacitados en técnicas de seguridad.
Indicaron que durante los allanamientos además de las 56 armas de fuego, fueron ocupadas 108 masas de revólver, un chaleco antibala, 2 bombas lacrimógenas, 2 esposas, 33 cañones de escopetas, 20 correderas de pistola, una pulidora, una prensa, cápsulas para carabina, cápsulas para pistola calibre 45 y 5 armazones de revólver, entre otros objetos.
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