Amaurys FlorenzánLa Sala Capitular del Ayuntamiento de Bayaguana no logró reunir el quórum necesario para conocer una solicitud de levantamiento de la suspensión al alcalde Nelson Osvaldo Sosa Mate, quien se encuentra en libertad bajo fianza, acusado por el Ministerio Público de ser el actor intelectual del asesinato del regidor Renato de Jesús Castillo.
La ausencia de la mayoría de los regidores obligó que la asamblea fuera suspendida, pero la presidencia de la sala no informó la fecha en que volverá a colocar el tema en agenda.
Previo a la reunión se adelantó que los cuatro regidores pertenecientes a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD), Reformista Social Cristiano (PRSC), en total 4, votarían a favor de que el alcalde fuera reintegrado en sus funciones.
Mientras que Rafaela Javier, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Manzanillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), y José Francisco Ogando, del Frente Amplio (FA), rechazarían el levantamiento de la suspensión.
Los tres ediles dijeron que votarán en contra, porque de acogerse estarían violando el artículo 44 de la Ley 176-7, el cual indica que mientras un servidor público esté pasando por un proceso judicial no puede ser restablecido en su cargo hasta que no se demuestre su inocencia y sea descargado por un tribunal.
Manifestaron que si un juez lo descarga estarían votando a favor de que vuelva a asumir sus funciones como alcalde.
Rafaela Javier responsabilizó de cualquier atentado contra su persona y los otros dos concejales que han manifestado su oposición a empleados al servicio del alcalde Sosa Marte, de quienes dijo han tomado el asunto como algo personal.
En los alrededores de la Alcaldía se presentaron decenas de personas, quienes se manifestaron en contra de que el síndico sea restaurado.
El regidor Renato Castillo fue asesinado de varios disparos el 25 de junio de 2014, mientras compartía con unos amigos en un colmado de Monte Plata.
El Ministerio Público acusa al alcalde Sosa Marte del asesinato, junto a otras cinco personas, quienes están en prisión, mientras que el principal señalado fue dejado en libertad por el juez Darío Gómez de la Cuarta Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, quien le varió la medida de prisión preventiva por el pago de una garantía económica de RD$2 millones, presentación periódica al tribunal e impedimento de salida.
El fallo ha sido rechazado por amplio sectores de la sociedad, como el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, y el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, entre otros.
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