RedacciónEl presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, solicitó a la Cámara de Diputados investigar si el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha violentado la Constitución, con una reciente sentencia que ratifica una decisión anterior, a través de la cual anula la convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) celebrada en diciembre de 2017.
Pared Pérez se refirió al tema, en el sentido de que la primera sentencia del TSE, tomada el 22 de marzo de 2018, fue anulada por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), publicada el 11 de septiembre del año pasado.
“Hay un hecho grave que se ha cometido y denunciado; invito pues, a la Cámara de Diputados, a que proceda a investigar si se ha producido una violación de la Constitución de tal envergadura, porque si fuere así, se debe proceder de inmediato”, dijo el presidente del Senado durante la sesión de este miércoles.
El político dijo, en ese orden, que en los casi 10 años desde su creación, no se había dado una violación de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.
El lunes pasado, el Tribunal Superior Electoral determinó que quedaban anuladas por falta de quórum las decisiones tomadas en la convención del PRD, durante la cual se reeligió a Miguel Vargas como presidente para el período 2017-2021, y se aprobó la reforma de sus estatutos.
También, se escogió a Peggy Cabral como presidenta en funciones, a José (Neney) Cabrera como presidente ejecutivo; a Tony Peña Guaba como secretario general; a Fiquito Vásquez como secretario nacional de organización; a Fello Suberví, presidente del Comité del Distrito Nacional, y a Juan Santiago como secretario ejecutivo.
Ya antes, en marzo de 2018, el propio TSE ya emitió una sentencia en la que consideraba ilegítima la convención nacional del PRD de diciembre de 2017 y donde ordenaba la celebración de un nuevo proceso interno en un plazo máximo de 60 días, decisión que el partido recurrió ante el Tribunal Constitucional, que declaró nula la decisión del TSE.
Pared Pérez formuló la solicitud a la Cámara de Diputados, porque de acuerdo al artículo 83 de la Constitución de la República, es el organismo facultado para acusar ante el Senado a los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano este último que elige a los miembros del Tribunal Superior Electoral.
Esa facultad de la Cámara de Diputados debe estar basada en “faltas graves en el ejercicio de sus funciones” de esos funcionarios.
