RedacciónEn la Quinta Ronda de Negociación del Convenio Regional sobre el Principio 10 del Acuerdo de Río del año 1992 sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebra en Santiago de Chile, durante esta semana, el presidente del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Insaproma, Euren Cuevas, reclamó en representación de la sociedad civil de América Latina y del Caribe, la aprobación por ese cónclave de una convención vinculante que garantice el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental.
El dirigente ambientalista dominicano urgió a los representantes de los Estados presentes en este evento, a la aprobación de esta convención,“convirtiendo el compromiso moral, en compromiso jurídico”.
Estas rondas de negociación que se han celebrado en diferentes capitales del continente tienen el objetivo de lograr un instrumento legal que proteja el acceso a la información, participación y justicia ambientales, consagradas en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La anterior ronda se celebró en Santo Domingo, República Dominicana, del 9 al 12 de agosto pasado.
En su intervención ante el pleno integrado por delegados gubernamentales y de la sociedad civil de veintitrés países de América Latina y del Caribe, Cuevas planteó la necesidad de construir un estándar internacional que sea capaz de disminuir los conflictos ambientales y proteger la vida y la integridad de los defensores ambientales y dirigentes indígenas sometidos a diario a ataques y asesinatos en varios países de la región.
“Queremos y exigimos un instrumento que sea capaz de disminuir los conflictos ambientales, incrementar el desarrollo sostenible y garantizar la paz en la región, y eso sólo es posible con un convenio regional fuerte donde haya compromisos claros de participación y legitimación de los procesos ambientales”, invocó el presidente de Insaproma.
Los representantes de la sociedad civil del continente escogieron al delegado dominicano, Euren Cuevas para que presentara el desacuerdo del sector con las opiniones de representantes de varios gobiernos que se pronunciaron contrarios a la concertación y a la aprobación del borrador de convención producido mediante la celebración de cinco rondas convocadas por la Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL).
En su discurso, Cuevas consideró que sería retrotraer el proceso 24 años atrás si finalmente no se concertar un acuerdo que responda a las aspiraciones que fueron delineadas en Río, en el año 1992.
Exhortó a que se tenga la suficiente ambición para lograr que la sociedad en su conjunto participe en la toma de las decisiones ambientales y que no se deje a la discreción de los Estados el acceso a la información y el grado de esta participación social.
Manifestó que las propuestas formuladas por varios representantes gubernamentales para “cambiar obligaciones directas por párrafos en los que los Estados no tienen mayor obligación, socava el espíritu ambicioso que se supone debería dirigir esta negociación”.
Afinó que “no hay razón para dilatar avances en las negociaciones ni para apostarle a estándares bajos y superfluos que no contribuirán de manera efectiva a la correcta implementación de los derechos de acceso en nuestros países”.
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