La Procuraduría General de la República (PGR) defendió este domingo el expediente presentado en contra de siete imputados por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber pagado en el país, tras las criticas de distintos sectores por la exclusión del mismo de ocho imputados inicialmente.
Mediante una nota de prensa, la Procuraduría explicó que el expediente, de 558 páginas, «está acompañado de 1.368 pruebas documentales, 234 materiales, 54 testimoniales y 4 ilustrativas, así como 42 actos procesales y 9 interrogatorios».
Insistió en que encontró «pruebas fehacientes y suficientes» que vinculan a los imputados con los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
La acusación, señaló en el comunicado el procurador general, Jean Alain Rodríguez, «es el resultado de largos meses de trabajo y esfuerzo (…) para cumplir con el compromiso que hemos asumido con la sociedad de procurar que todo el que resulte responsable de haber recibido soborno de la empresa brasileña, sea sancionado con todo el rigor de la ley».
Afirmó que se trata de un expediente «completo y objetivo, preparado por un equipo multidisciplinario de más de 50 personas, entre fiscales de carrera de larga trayectoria y otros profesionales» y está acompañado «de pruebas irrefutables» que espera sean acogidas para el envío a juicio de todos los imputados.
De acuerdo con la Procuraduría, en el transcurso del proceso fueron investigadas más de 400 personas y compañías y se revisaron más de 8.000 transacciones y operaciones financieras.
Asimismo, detalló que fueron investigados en los registros de títulos del país «más de 500 inmuebles registrados a nombre de todas esas personas y sociedades, con el objetivo de verificar la naturaleza real del patrimonio de cada uno».
El pasado jueves el procurador general ratificó la acusación contra el senador del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Tommy Galán, así como en contra del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) Andrés Bautista, el exsenador Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga, y el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.
Asimismo, anunció la inclusión en el caso del expresidente del Senado y actual secretario general del PRM Jesús Vásquez.
Sin embargo, excluyó del expediente al exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, al diputado del PRM Alfredo Pacheco, el senador del PLD Julio César Valentín, los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales César Sánchez y Radhamés Segura; el exdiputado Rudy González, así como Bernardo Castellanos y Máximo De Óleo, sobre quienes pesaban distintas medidas de coerción.
El procurador dijo que la decisión de excluir a ese grupo se debió a que no se habían encontrado evidencias suficientes, mientras que sí tenían pruebas de soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el resto.
La exclusión ha generado fuertes críticas de sectores políticos y de la sociedad civil, entre ellos, el colectivo Marcha Verde, surgido tras desvelarse los sobornos, y que hoy reiteró que el expediente «blinda la élite corrupta del PLD».
Desde las instalaciones del denominado ‘Campamento Verde de Resistencia Ciudadana’ que instaló el viernes frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el colectivo señaló en rueda de prensa que la exclusión de Montás, Valentín y Segura, miembros del comité político del PLD, «fortalece la imagen de intocable que tiene la élite peledeísta».
Marcha Verde llamó a la población a sumarse al campamento, a la vez que convocó a un concierto popular el próximo 17 de junio en contra de la corrupción y la impunidad.
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