RedacciónEl procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, rechazó este martes las acusaciones de politización por parte de varios sectores de la acusación contra siete políticos y empresarios por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber pagado en el país entre 2001 y 2014.
Rodríguez sostuvo que la acusación es el resultado de una investigación amplia y sin excepción, sin tener que ver con color o con partido político.
«Todo lo que se ha presentado es con evidencias, no con palabras, son más de 1.500 pruebas que han sido sometidas en ese expediente, pruebas obtenidas de manera legal respetando el debido proceso y que son irrefutables», afirmó en declaraciones a periodistas.
A la vez, aseguró, que las pruebas depositadas en contra de los imputados «son contundentes» y que «no hay un solo caso que pueda ser cuestionado».
Sectores políticos y de la sociedad civil han criticado la decisión del Ministerio Público (MP) de excluir ocho de los catorce imputados inicialmente por el caso Odebrecht, entre ellos, tres reconocidos dirigentes del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al que pertenece Rodríguez.
El pasado jueves el procurador general ratificó la acusación por soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el senador oficialista Tommy Galán, del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, ambos del PLD, y el expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) Andrés Bautista.
Asimismo, contra el exsenador y miembro del PRM Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, mientras anunció la inclusión en el caso del expresidente del Senado y actual secretario general del PRM Jesús Vásquez.
Sin embargo, anunció la exclusión del expediente del exministro de Industria y Comercio y dirigente del gobernante PLD Temístocles Montás, el diputado del PRM Alfredo Pacheco, el senador oficialista Julio César Valentín y los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez (PRM) y Radhamés Segura (PLD).
También quedaron fuera de la acusación el exdiputado Rudy González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado al PLD, así como los técnicos Bernardo Castellanos y Máximo De Óleo, quienes, al igual que los demás, guardaban distintas medidas de coerción por el caso.
Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, señaló hoy que con las acusaciones formuladas por la Procuraduría, la «indignación general se multiplica y crece la convicción de que el MP actúa como instrumento político»
«Que no solo oculta deliberadamente las responsabilidades de las gestiones gubernativas del PLD sino que encuentra más responsables en la gestión que aprobó el 5 % del monto contratado con Odebrecht», agrega.
PC citó los casos de Bautista y Vásquez, quienes presidieron el Senado cuando militaban con el PRD, del que surgió en 2014 el PRM tras una crisis interna, y quienes están acusados de gestionar la aprobación de los dos primeros contratos con Odebrecht.
Sin embargo, cuestionó el hecho de que no ocurriera lo mismo «con quienes presidieron ambas cámaras legislativas cuando se aprobaban 15 de los 17 contratos, con numerosas adendas que elevaron los costos», refiriéndose a las administraciones del PLD.
Odebrecht asegura que distribuyó 92 millones de dólares en sobornos en el país para obtener contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
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