El MotínEl Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) depositó ante la Procuraduría General de la República los documentos relacionados con el cierre de catorce negocios que comercializaban bebidas alcohólicas adulteradas para que se inicie el proceso judicial en contra de los propietarios de estos establecimientos.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, dijo que la sociedad espera que estos procesos judiciales en contra de los actores responsables de esta práctica “criminal”, en la que han muerto decenas de personas en las últimas semanas terminen en condenas “firmes y contundentes”.
“Entregamos a la Procuraduría General de la República los documentos que comprometen a los propietarios de los negocios cerrados que se dedicaban a la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas para que se inicie el proceso judicial en contra de estas personas por el daño que les ha hecho a la sociedad”, manifestó.
Alcántara explicó que se depositaron los documentos que tienen que ver con el cierre de doce colmados y dos fábricas clandestinas que se dedicaban a comercializar bebidas alcohólicas adulteradas.
“En representación de los consumidores afectados y ante la inconducta de los comerciantes, solicitamos a la Procuraduría General de la República, que los mismos sean procesados y cualquier otra persona que en el curso de la investigación resulte vinculada, para que les sean impuestas las sanciones correspondientes”, indicó el funcionario.
Sostuvo que la institución que dirige está facultada para representar los intereses de la población consumidora ante toda clase de autoridad u organismo público o privado, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que sean requeridos.
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