RedacciónEl Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que ha retornado a los consumidores más de 115 millones de pesos durante el primer semestre del año, fruto de las acciones desarrolladas para auspiciar la seguridad en el consumo.
La directora ejecutiva de Pro Consumidor, Anina Del Castillo, indicó en una rueda de prensa que las devoluciones realizadas a través del Departamento de Conciliación ascienden a 115,804, 636.68 pesos, “lo que evidencia lo rentable de la institución para la ciudadanía.”
Por otra parte, dijo que se han realizado 1,490 inspecciones de aspectos generales, incluyendo alimentos, retirando del mercado 115,598 productos no aptos para el consumo, que son “incinerados de manera pública y se les informa a los proveedores la fecha de dicha incineración por si quieren estar presentes”.
Además, durante el mes de junio, la entidad prohibió la venta a 12 restaurantes de comida rápida por insalubridad y riesgo a la salud los consumidores, entre los que se encuentran los restaurantes Expreso Ying Ying, Expreso Sheng Fu, Wan Liy, Karbón y Leña, Pica Pollo Wendy, Pollo Rico y Rico Pollo y Pollo Nuevo, tanto en el Distrito Nacional como en la zona oriental.
Mientras, en la provincia Santiago de los Caballeros, se produjo el cierre de los Pica Pollos Comedor Chino y Luna Azul y en la región Este los restaurantes Pica Pollo El Rey, Pizza Mía y el Mundo del Sabor en Hato Mayor y en San Pedro de Macorís el Pica Pollo Guaraguao, todos por faltas graves a la Ley de Protección al Consumidor.
También en Santiago, el mes pasado se retiraron del minimarket Hermanos Quezada y la Plaza Denny miles de productos vencidos, decomisando de este último establecimiento más de 37,000 pastas dentales que habían expirado.
A su vez, se inspeccionaron 1,116 dispensadores o mangueras dispensadoras de combustibles, produciéndose el cierre de 44 de ellas.
Del Castillo, también resaltó la labor del Departamento de Denuncias y Reclamaciones, quienes atendieron 15,831 llamados en el período indicado, siendo los principales motivos denunciar bienes defectuosos, medidas y pesos inexactos, cargos adicionales, incumplimiento y retrasos de entrega, falta de calidad, entre otras.
En el período analizado se instrumentaron 8 procesos por publicidad engañosa y se establecieron 5 multas de esa índole, además de amonestaciones por otras violaciones, ascendentes a un monto de 150 salarios mínimos, expresa la institución en una nota de prensa.
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