Presidente SCJ: Jueza admitió recibió dinero para cambiar fallos

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El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, informó este lunes que según las investigaciones realizadas a la jueza Awilda Reyes, esta habría recibido dinero y actuado bajo órdenes superiores en el fallo favorable de varios casos que son cuestionados por la sociedad.

Al dar la información, Germán Mejía, a seguida se desvinculó de los casos y dijo que él nunca «desde la SCJ va a dar órdenes para que ningún juez cambie su dictamen» e indicó que si tiene que dar la cara lo hará como siempre, ya que no tiene vocero.

Explicó que en dos ocasiones que citó a la jueza Reyes a su despacho, esta le manifestó que los fallos cuestionados se debieron a órdenes superiores.

Los actos relacionados a la magistrada Reyes y que han dado lugar a cuestionamiento en los últimos tiempos, son la orden de entrega de la aeronave Cessna 550, matrícula N61MA, propiedad del quebrado Banco Peravia; la devolución de 20 millones de dólares a favor de la compañía Prado Universal, constructora de la Torre Atiemar; y la puesta en liberta del regidor Ericson de los Santos Solís, investigado por dirigir una organización criminar dedicada a la invasión de trenos, actividades de secuestros, extinción y asesinato de miembros de sindicatos del transporte público, entre otros.

El presidente de la Suprema apuntó que ciertamente las informaciones publicadas en los medios de comunicación han tenido consecuencias, puesto que han estremecido al país.

Con relación a los magistrados, José Dionisio Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Espinosa, el juez señaló que el Consejo abrió las investigaciones de lugar.

El magistrado Mariano Germán manifestó que estos debates sobres los jueces suspendidos, ciertamente han estremecido al país y han generado malestar y vergüenza.

Declaración del Dr. Mariano Germán Mejía, Presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia.

Lunes 23 de noviembre de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

En las últimas dos semanas, en los diferentes medios de comunicación pública se han estado debatiendo los juicios disciplinarios a cargo de cinco jueces y un ex juez y ex miembro del Consejo del Poder Judicial:

1. José Dionisio Duvergé Mejía, anteriormente juez del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo y actual juez de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santo Domingo;
2. Víctor Mejía Lebrón, Juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo;
3. Rosó Vallejo Espinosa, Juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo;
4. Francisco Arias Valera, ex juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y ex miembro titular del Consejo del Poder Judicial;
5. Delio Germán Figueroa, Juez del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional; y
6. Awilda Reyes Beltré, Juez de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Ciertamente, las informaciones que sobre estos casos, han sido publicadas en los diversos medios de comunicación han tenido diversas consecuencias:

• En primer término, han estremecido al país;
• En segundo término, han llevado a cuestionarnos sobre los valores y principios que deben tener los actores del sistema de justicia;
• En tercer término, nos han causado pesar, vergüenza, malestar y una profunda preocupación por el presente y futuro de la judicatura nacional; y
• En cuarto término, nos impone la obligación de actuar con la rigurosidad adecuada y enfrentar estos casos y aquellos que pudieran surgir en el futuro.

Con relación a los magistrados José Dionisio Duvergé Mejía, Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Espinosa, es preciso señalarles que por decisión del Consejo de Poder Judicial fueron abiertas las investigaciones y en consecuencia en sesión de fecha 16 de noviembre de este año, dicho órgano decidió suspenderlos en sus funciones, sin disfrute de salario, y su envío a juicio disciplinario. La audiencia disciplinaria está fijada para el día 27 de noviembre del año en curso.

Con relación al ex-magistrado Francisco Arias Valera, es obligatorio consignar que desde que éste presentó renuncia a su condición de juez y de Consejero del Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial deviene en incompetente para conocer de cualquier juicio disciplinario en su contra por ya no tener la calidad de juez.

Por supuesto, esto último, sin perjuicio de las infracciones penales que hubiese podido cometer en el ejercicio de sus funciones de consejero, correspondiendo al Procurador General de la República hacer las investigaciones de lugar y actuar en consecuencia, según los resultados de estas últimas.

Con relación a los casos de los magistrados Delio Germán y Awilda Reyes, en su sesión de fecha 16 de noviembre del presente año, el Consejo del Poder Judicial, ordenó tres medidas:

1. La apertura del proceso de investigación a cargo de Inspectoría General del Poder Judicial.
2. La suspensión sin disfrute de salario de dichos magistrados en sus funciones.
3. La comunicación a los órganos vinculados al proceso, incluyendo al Procurador General de la República.

Cabe destacar, que el mismo Consejo del Poder Judicial, ya había ordenado una investigación contra la magistrada Awilda Reyes, sobre el caso Atiemar.

Con relación a la referida magistrada Awilda Reyes Beltré, quien les habla en su doble calidad de Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial ruególe que me permitan hacer las precisiones siguientes y sobre las cuales quiero que a través de sus diferentes medios den a conocer a la ciudadanía.

En efecto:

1. Los actos de la magistrada Awilda Reyes Beltré que han dado lugar a cuestionamientos en los últimos tiempos son los siguientes:
   1. Ordena la devolución de la aeronave “Cessna 550, matrícula N61MA”, incautada mediante orden judicial de secuestro, cuya propiedad se atribuye al presidente del quebrado Banco Peravia;
   2. Ordena devolver la suma de veinte millones de dólares americanos a favor de la razón social Prado Universal Corp., compañía constructora de la Torre Atiemar; y

1. Ordena la inmediata puesta en libertad del regidor del municipio Pedro Brand de la Provincia de Santo Domingo, Erinson de los Santos Solís, investigado por dirigir una organización criminal dedicada a invasión de terrenos, actividades de secuestros, extorsión y asesinato de miembros de transporte público.

2. Debo informar a la opinión pública que:
3. Producto de la serie de rumores públicos que se originaron en los casos de la devolución de la aeronave y el caso Atiemar, citamos a la magistrada Awilda Reyes a nuestro despacho para requerirle informaciones sobre las decisiones adoptadas, momento en el cual, la referida magistrada nos manifiesta que esas decisiones fueron adoptadas por alegadas “instrucciones superiores”; procediendo de inmediato, quien les dirige la palabra, a desmentir categóricamente las mismas, al mismo tiempo que le ratifiqué que soy un defensor de la independencia de los jueces.
4. Asimismo, como lo hice con ella, lo quiero hacer ante el país: nunca hemos llamado a jueces, ni de manera personal, ni a través de terceras personas, para trazarles pautas sobre casos. Creo en la independencia de los jueces. No he permitido ni permitiré nunca que se utilice nuestro nombre ni el de mi familia para bajarle líneas a jueces.
5. Posteriormente, y en ocasión de haber ordenado la libertad del regidor, y por las interrogantes que ocasionó la decisión adoptada volvimos a convocar a nuestro despacho a la magistrada Awilda Reyes, quien reconoció que había aceptado dinero para resolver el caso; situación de la cual poseemos pruebas que estamos tramitando a los órganos investigativos del Poder Judicial y al Procurador General de la República, para los fines correspondientes.

En resumen, la magistrada dice que sus decisiones se debieron a su “obediencia a instrucciones superiores”, a la vez que reconoce haber recibido dinero para tales fines; y nosotros nos preguntamos: ¿son conciliables ambas actitudes?. ¿Puede una persona que alegadamente ha recibido órdenes para adoptar una decisión, recibir al mismo tiempo dinero para decidir el caso?.

Reitero ante la opinión pública que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial no tiene nada que ver con las decisiones adoptadas por la magistrada Awilda Reyes, ni de ningún otro funcionario del Poder Judicial. Es una infamia de la peor calaña, insinuar que yo, o algún miembro de mi familia, tiene algo que ver con la actitud delictuosa de algunos miembros minoritarios de la judicatura.

Quiero concluir mis palabras diciendo que:

1. En los cuatro años que llevamos al frente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial han sido procesados numerosos jueces, y han salido del sistema otros tantos.
2. No ha habido una sola denuncia, que el Consejo del Poder Judicial no haya investigado.
3. En todos los procesos abiertos, en ocasión de juicios disciplinarios, participa el Ministerio Público, en la persona del Procurador General de la República o en uno de sus adjuntos. En ese sentido es preciso informar que en diversos casos hemos tramitado expedientes en los cuales se han sancionado jueces y empleados administrativos del Poder Judicial. El envío de expedientes al Ministerio Público es una práctica constante del Consejo del Poder Judicial, cuando se evidencia la comisión de hechos que puedan ser sancionados penalmente.

Les ratifico que, desde la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, continuaremos trabajando por los avances en la administración de justicia y la defensa de sus valores fundamentales.

Les solicito que permitan la funcionalidad de las estructuras institucionales con sujeción a los principios del debido proceso.

En los casos a los cuales me he referido y en todos los que se presentaren en el futuro, actuaremos basados en los valores éticos y morales en que creemos y que han sido siempre el Norte de nuestra diaria conducta, pública y privada.

Muchas gracias!

Dr. Mariano Germán Mejía

Presidente de la Suprema Corte de

Justicia y del Consejo del Poder Judicial.