El MotínPedro Castillo declarará el martes ante la Fiscalía su supuesta injerencia en ascensos militares.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, lidia en este fin de año con tres escándalos por los que podría ser investigado. Su supuesta injerencia en ascensos militares y la concesión de contratos públicos lo debilitan ante sus detractores.
Este martes Castillo declarará ante la fiscal nacional, Zoraida Ávalos, por el tema militar que hizo que el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, se vieran fozados a renunciar.
Una parte de la oposición promovió, sin éxito, un juicio político con la intención de destituir a Castillo por este tema.
Sin embargo, las nuevas denuncias avivan la hoguera de la próxima crisis por lo que las perspectivas no son halagüeñas en 2022 para el presidente que puede enfrentar un nuevo intento de la oposición derechista en el Congreso para declarar la “vacancia” presidencial si no amplía sus alianzas, cambia a algunos ministros y corrige algunas iniciativas, advierten los analistas.
Los fiscales investigan también la concesión de un contrato entre la empresa Heaven Petroleum Operators y la estatal PetroPerú. A su vez, la Procuraduría denunció al mandatario por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en la adjudicación de una obra vial. Todas, cuestiones que Castillo rechazó de manera enfática.
No obstante, la defensa legal del mandatario presentó un habeas corpus ante el poder Judicial para evitar una eventual medida de allanamiento al Palacio de Gobierno.
El documento suscrito por el abogado Eduardo Pachas fue suscrito en contra de tres personas, entre ellas, la fiscal anticorrupción Norah Córdova.
Lo cierto es que es poco probable que prospere la causa, mientras su desaprobación pasó de 46 por ciento en septiembre a 58 en diciembre, su nivel más alto en cinco meses de mandato.
Pedro Castillo lleva 150 días de mandato acosado por la oposición y las pugnas en el oficialismo, lo que ha catalizado la salida de una docena de ministros, mientras que la posibilidad de una moción de vacancia sería lejana, según analistas, si el gobierno fortalece una protección legislativa mediante una alianza parlamentaria con fuerzas afines y de centro.
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