MADRID.-Julio Iglesias vuelve a estar en el foco mediático en uno de los momentos más delicados de los últimos años. La apertura de una investigación en la Audiencia Nacional tras la querella presentada por dos antiguas trabajadoras ha devuelto al cantante a los titulares, esta vez por un asunto que nada tiene que ver con su trayectoria musical. Mientras el procedimiento judicial comienza a dar sus primeros pasos, también han trascendido novedades sobre su vida privada y sus decisiones patrimoniales.
El artista, de 83 años, que lleva años alejado de los escenarios y mantiene su residencia principalmente en el Caribe, ha decidido desprenderse de una de sus últimas adquisiciones inmobiliarias en España. Se trata de la espectacular propiedad que compró en Galicia en 2025, una vivienda que tenía un significado especial por sus raíces familiares, pero que nunca llegó a conocer en persona. Además, ya tiene en el horizonte una Navidad en Punta Cana junto a su mujer, Miranda Rijnsburger, y buena parte de sus hijos.
Los detalles los ha contado Nacho Jacob, conde de Pozos Dulces y persona cercana al entorno familiar de los Iglesias, en declaraciones a El Cierre Digital. Según su versión, la operación inmobiliaria ya se ha cerrado y la intención del cantante es reunir a sus seres queridos en República Dominicana durante las fiestas.
La investigación judicial vuelve a poner a Julio Iglesias en el foco
La situación judicial de Julio Iglesias es, sin duda, el asunto que ha marcado su actualidad en los últimos días. El pasado 18 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña admitió parcialmente la querella presentada por dos antiguas empleadas del cantante de Spanish Girl, que denuncian presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante por hechos que sitúan en 2021, cuando trabajaban en sus propiedades del Caribe.
Las denunciantes sostienen que sufrieron distintos episodios de abusos y malos tratos durante su relación laboral con el artista. Las dos mujeres deberán comparecer presencialmente ante la Audiencia Nacional el próximo 3 de febrero de 2027 para ratificar sus denuncias.