RedacciónLa Procuraduría General de la República (PGR) desmintió categóricamente los planteamientos hechos por el movimiento cívico Participación Ciudadana en el sentido de que el procurador general de la República, Jean Rodríguez, ha puesto en marcha un plan para supuestamente secuestrar el Ministerio Público con fines partidarios.
En tal sentido, le solicita a esa organización presentar las evidencias o testimonios reales de que el procurador haya pedido a algún miembro del Ministerio Público su renuncia, ya sea verbal o escrita.
La PGR señaló que esos planteamientos son totalmente falsos y considera que una organización cívica objetiva y no parcializada, no debe hacer denuncias sobre anonimatos y sin especificar las supuestas personas que han dado tal información.
Resaltó que más del 80 % de las plazas se concursan por estar vencidas y no por renuncias, por lo que le solicita a Participación Ciudadana dejar de lado los intereses políticos y respetar el ordenamiento jurídico que rige el accionar de los miembros de esta institución (Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11), la cual establece en su artículo 25 el principio de apoliticidad, que el Ministerio Público ejerce sus funciones sin consideraciones de índole político partidaria.
La PGR reiteró que el concurso se realiza en cumplimiento estricto a la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, la cual manda a concursar las plazas vencidas, así como las plazas puestas a disposición de sus titulares, que en este caso han solicitado ascensos, y las que están en condición de interinato.
Explicó en ese orden, que estos concursos se realizan para esta misma fecha porque coinciden con el calendario de designación, y que hay más de cien (100) plazas que no están siendo concursadas porque no se han vencido o son de designación administrativa, y reitera que las que se están concursando, en más de un de un 80% están vencidas, y en el resto sus titulares han solicitado ascensos o movimientos.
Llamó la atención de que Participación Ciudadana ha estado demandando que se cumpla la ley en el sentido de que sea concursada la Procuraduría Especializada para los Delitos Electorales, pero, para las que están vencidas y que la ley ordena sean concursadas, no actúa de igual manera.
Explicó en ese orden, que dentro de las plazas a concursar se encuentran las titularidades de las Procuradurías Regionales de Santiago, San Francisco de Macorís, Montecristi, así como también la Oficina del Abogado del Estado de las jurisdicciones de San Francisco de Macorís y El Seibo, las cuales se encuentran ocupadas por titulares interinos.
Igualmente, dentro de las que ya vencieron en el mes de diciembre del 2019 se encuentran la Procuraduría Regional del Distrito Nacional, la Oficina del Abogado del Estado del Distrito Nacional y Santiago, así como las procuradurías fiscales de La Altagracia, Barahona, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Romana, Monte Plata, Villa Altagracia, Azua de Compostela, Constanza, Bahoruco, Elías Piña, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Santo Domingo Oeste, Hermanas Mirabal y Dajabón, las cuales sus titulares han cumplido los 4 años del mandato para el cual fueron designados.
Asimismo, se aprobó concursar las titularidades de la Procuraduría Especializada Contra los Delitos de la Salud, la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), las cuales fueron puestas a disposición de sus titulares de manera formal y voluntaria.
De igual manera, informó que el concurso incluye la titularidad de la recién creada Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos Electorales.
El órgano del sistema de justicia señaló que el Consejo Superior del Ministerio Público está obligado a colocar en esas plazas a fiscales de carrera, y que la institución en vez designarlo por resolución, ha preferido abrir un concurso como lo estipula la ley, en el cual a la fecha han presentado más de 100 propuestas, todas de postulantes miembros de la carrera del Ministerio Público.
La Procuraduría General de la República informó que no se trata de una opción, sino una obligación, concursar las plazas vencidas.
