RedacciónParticipación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, cuestionó este martes la exclusión de ocho de los catorce imputados inicialmente por el caso Odebrecht, entre ellos, tres reconocidos dirigentes del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El pasado jueves el procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, ratificó la acusación por soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el senador oficialista Tommy Galán, del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, ambos del PLD, y el expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista.
Asimismo, contra el exsenador y miembro del PRM Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, mientras anunció la inclusión en el caso del expresidente del Senado y actual secretario general del PRM Jesús Vásquez.
Sin embargo, anunció la exclusión del expediente del exministro de Industria y Comercio y dirigente del gobernante PLD Temístocles Montás, el diputado del PRM Alfredo Pacheco, el senador oficialista Julio César Valentín y los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez (PRM) y Radhamés Segura (PLD).
También quedaron fuera de la acusación el exdiputado Rudy González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado al PLD, así como los técnicos Bernardo Castellanos y Máximo De Óleo, quienes, al igual que los demás, guardaban distintas medidas de coerción por el caso.
Con las acusaciones formuladas por la Procuraduría, señaló PC, «la indignación general se multiplica y crece la convicción de que el Ministerio Público actúa como instrumento político, que no sólo oculta deliberadamente las responsabilidades de las gestiones gubernativas del PLD sino que encuentra más responsables en la gestión que aprobó el 5 % del monto contratado con Odebrecht».
PC citó los casos de Bautista y Vásquez, quienes presidieron el Senado cuando militaban con el PRD, del que surgió en 2014 el PRM tras una crisis interna, y quienes están acusados de gestionar la aprobación de los dos primeros contratos con Odebrecht.
No obstante, cuestionó el hecho de que no ocurriera lo mismo «con quienes presidieron ambas cámaras legislativas cuando se aprobaban 15 de los 17 contratos, con numerosas adendas que elevaron los costos», refiriéndose a las administraciones del PLD.
Asimismo, se refirió al caso del senador Tommy Galán, señalado, precisó, «como responsable de que los 32 senadores de su mismo partido aprobaran el 95 por ciento de lo contratado con Odebrecht. Aprobaciones que se realizaban casi siempre sin lectura de los contratos y bajo declaraciones de emergencia».
Participación Ciudadana subrayó «que sólo una renovación de la movilización nacional contra la corrupción y la impunidad evitará que el escándalo Odebrecht se sume a muchos otros sin sanción de la justicia», por lo que anunció su respaldo al «Campamento de la dignidad y resistencia verde» levantado en el entorno de la Procuraduría General y la Suprema Corte de Justicia.
Odebrecht asegura que distribuyó 92 millones de dólares en sobornos en el país para obtener contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
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