Participación Ciudadana ofreció hoy su Informe 2014, en la cual hace duras críticas al sistema político, gubernamental y judicial, destacando el inicio de la campaña política de varios precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana “sin que nada ni nadie haya tratado de impedirlo”, a pesar de que en el caso de los servidores públicos, la ley les prohíbe hacer campañas proselitistas.
En su Informe 2014, ofrecido en rueda de prensa, Participación Ciudadana destaca que a pesar de que la Constitución lo prohíbe, la reelección del Presidente Danilo Medina es defendida casi a diario por miembros de su partido y altos funcionarios del Gobierno.
Mientras, “La oposición sigue, hasta ahora sin éxito, en busca de una unidad que le permita presentarse como opción de poder en el año 2016”.
Explica que la división en el PRD dio lugar al nacimiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM), “pero ya han aflorado diferencias en cuanto a la selección de su candidato a la Presidencia de la República”.
Sostiene que las dificultades por las que atraviesa el PRM están afectando la consolidación de la Convergencia por un Mejor País, por cuanto se entiende que el PRM es el que puede aportar la masificación del voto que permita un buen desempeño electoral en el próximo certamen.
Corrupción
Participación Ciudadana, a través de su directora ejecutiva Rosalía Sosa, afirma que crece el rechazo a la corrupción, pero se registran escasos avances en la transparencia y las promesas de combatir la corrupción.
Dice la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, que a pesar de las expectativas creadas con las promesas del Presidente Medina de combatir la corrupción, el año 2014 transcurrió sin que se registraran avances significativos en esta materia.
“Una muestra de ello es el hecho de que todas las encuestas publicadas dan como resultado que más del 80% de la población dominicana afirma que en el país existen altos niveles de corrupción e impunidad”.
En tanto, sostiene Rosalía Sosa, que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, sigue presentando a la República Dominicana con altos niveles de corrupción, ocupando el lugar 115 de 175 países, con una puntuación de 32 sobre 100.
Denuncia PC que en importantes instituciones del Estado se experimenta un retroceso en el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información.
Critica que las informaciones que presentan los portales de muchas de las páginas web de las instituciones públicas no responden a la veracidad y transparencia a que están obligadas.
“Ha habido reclamo popular para que sean llevados a la justicia funcionarios del pasado gobierno que muestran fortunas que no pueden justificar y contra quienes se elaboraron expedientes muy bien fundamentados.”
Sin embargo, dijo Sosa, “hasta el momento, esos funcionarios no han respondido ante la justicia, amparados en la figura jurídica de archivo de expedientes o no ha lugar a la persecución penal, subterfugios procesales que han sido utilizados abusivamente por fiscales y jueces militantes de partidos políticos en el poder, para encubrir a funcionarios acusados de corrupción.
Citó el caso calificado como uno de los más destacados este año el archivo del expediente contra el ingeniero Víctor Díaz Rúa elaborado y sometido por la Fiscalía del Distrito Nacional por sus actuaciones al frente del Ministerio de Obras Públicas. “El caso fue archivado bajo el argumento de que no se informó al acusado que estaba siendo objeto de investigación”. El II informe de Monitoreo del Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, publicado por Participación Ciudadana a mediados de este año, muestra un débil cumplimiento de los compromisos asumidos por el Presidente Medina cuando firmó ese documento el 7 de mayo de 2012.
Critica a JCE no cumple ley
En 2014, Participación Ciudadana publico el libro La Corrupción Sin Castigo, el cual contiene detalles de 94 denuncias y expedientes de delitos de corrupción reseñados por la prensa dominicana desde el año 2000 al 2013.
“De las 94 denuncias contenidas en dicha publicación, muy pocas han sido conocidas por la Justicia y mucho menos sancionadas, aumentando de esa manera la percepción de corrupción e impunidad reinante en el país”.
Si bien en el año 2014 se han notado ciertos avances en la transparencia de las compras y contrataciones públicas y en la consolidación de las cuentas del Estado en el sistema Cuenta Única del Tesoro, las instituciones autónomas y descentralizadas no se han integrado. Tal es el caso de la Junta Central Electoral, que se niega a someterse, afirma PC.
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