RedacciónEl ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, explicó este jueves que el gravamen que se aplicará a las telecomunicaciones para financiar el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 lo asumirá el mercado intermediario, y no supondrá coste alguno para usuarios ni operadores dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó ayer miércoles, en segunda lectura y por 101 votos a favor y 37 en contra, el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, que contiene una serie de beneficios para financiar el servicio y para luchar contra los fraudes en telecomunicaciones.
Moltalvo explicó que «el 911 ya ha proporcionado un millón de asistencias desde 2014 y, con esta ley, estamos dotándolo de la sostenibilidad financiera necesaria para que preste muchos millones más».
Esta ley, que ahora debe pasar el trámite en el senado, deroga la anterior Ley No.140-13 y establece una nueva modalidad de financiamiento mediante una tasa que se aplicaría únicamente a las llamadas realizadas al país desde el extranjero
Esta tasa no supondrá un costo adicional a ningún usuario, ni para el que llama desde fuera ni para los receptores, ni supondrá un impuesto adicional a las empresas dominicanas de telecomunicaciones.
Montalvo explicó que, por el contrario, el costo lo absorberá el mercado intermediario de las comunicaciones, es decir, el llamado wholesale o mayorista. «Un sector mayorista que obtiene actualmente beneficios de en torno al 500 % y tiene, por tanto, margen para absorber esa tasa».
El ministro aclaró, además, que la aplicación de esta tasa no viola los tratados y acuerdos internacionales o multilaterales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ni del DR-CAFTA.
Por último, destacó que este proyecto de Ley establece un sistema de control y de lucha contra el fraude de las telecomunicaciones, por lo que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) dispondrá de un mecanismo de control del mercado internacional en beneficio del país.
La nueva norma impone una tasa fija de 0.02 dólares por cada llamada internacional de voz, y de 0.0025 por cada mensaje internacional de texto.
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