María Teresa Cabrera declina postularse para Defensora del Pueblo

Santo Domingo.-Junto a una representación de los diversos sectores de la sociedad que la postularon a  Defensora del Pueblo, la profesora María Teresa Cabrera anunció que continuará sus aportes de defensa de los derechos sociales desde otros escenarios, pero no se presentará ante el Congreso para optar por esa función de rango constitucional.

En un comunicado público, Cabrera dijo que en la designación de la Defensoría del Pueblo influyen la correlación de fuerzas y los acuerdos partidarios, y, a su juicio, los mismos parecen previamente definidos a favor de una persona.

“Agradezco cada expresión de respaldo y valoración a la carrera de una ciudadana que sólo ha pretendido ser útil a su país y la humanidad en cada una de sus acciones públicas y privadas”, declaró la ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), articuladora del movimiento por el 4% y la Marcha Verde.

Cabrera fue postulada a la Defensoría del Pueblo por decenas de organizaciones sociales, culturales, económicas y religiosas, incluyendo la ADP, Ciudad Alternativa, varias facultades y centros regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), el Centro Juan XXIII, el Obispado de La Vega, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, La Cooperativa Vega Real, entre otros espacios y personalidades como Ramón de Luna, el empresario vegano Manito Despradel y una amplia gama de periodistas y comunicadores.

A continuación el comunicado íntegro dado a conocer este miércoles por la profesora María Teresa Cabrera:

Defender al Pueblo

En las últimas semanas estudiantes de la UASD, sindicatos, universidades, organizaciones comunitarias, campesinas, movimiento ecológico, Juntas de Vecinos, obispos católicos, pastores evangélicos, medios de comunicación, periodistas, comunicadores, grupos de mujeres, diputados, senadores, empresarios, gremios profesionales, cooperativa, organizaciones de la sociedad civil reconocidas por su defensa del patrimonio público y los derechos sociales, ciudadanos y ciudadanas de todos los sectores y latitudes, han estado solicitando al Congreso Nacional mi designación en la función de Defensora del Pueblo.

En nombre de mi familia, de mis compañeros y compañeras de militancia socio-política y en el mío propio, agradezco cada expresión de respaldo y valoración a la carrera de una ciudadana que sólo ha pretendido ser útil a su país y a la humanidad en cada una de sus acciones públicas y privadas.

A todos y todas les digo:

Defender al Pueblo es velar porque los derechos más básicos dejen de existir sólo en el papel de las leyes, y se conviertan en una realidad, como lo conseguimos juntos y juntas en la lucha nacional por el 4% y la Educación Digna.

Defender al Pueblo es defender los ríos, los bosques, las montañas y los bienes ante los depredadores que en La Vega, en Los Haitises y en otras comunidades sólo se han detenido cuando juntos y juntas los denunciamos, alzamos nuestras voces y exigimos el cumplimiento de la ley. Eso mismo tendremos que hacer para defender a Yamasá que pretenden convertirla en basurero, con una presa de cola de la Barrick.

Defender al Pueblo es sentir y padecer cada agresión cometida contra los recursos públicos de este país lleno de desigualdad e injusticia.

Defender al Pueblo también es cumplir con el deber, sea en un aula de escuela pública, al frente de un gremio o en los más importantes escenarios de articulación de políticas públicas.

Defender al Pueblo es contribuir a la articulación y movilización para reclamar y conquistar el fin de la impunidad y la corrupción, tal y como lo hicimos juntos y juntas durante dos años.

Defender al Pueblo, amigos y amigas, no requiere de un título, ni de un cargo. Por tal razón, y debido a que la función de servicio para la que me han propuesto parece estar designada por acuerdo político a otra persona, reitero mi más sincero agradecimiento, y les informo que desde las calles y los diferentes escenarios del sector social continuaré defendiendo el derecho de todos los dominicanos y  dominicanas a tener una vida digna.