El MotínPor Sebastián del Pilar Sánchez
El 30 de septiembre de 1967 el comité ejecutivo nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) informó al país que el síndico del Distrito Nacional, doctor José Ramón Báez Acosta, no contaría por más tiempo con su respaldo porque su conducta errática en el trato con el gobierno de Joaquín Balaguer estaba facilitando la concreción de una urdimbre palaciega para “aniquilar políticamente al mayor partido de oposición”, liderado por Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.
La drástica resolución señalaba que otro lamentable error del alcalde, había sido recurrir “con desgraciada frecuencia” al nepotismo en la escogencia del personal ejecutivo del cabildo, en velada referencia al protagonismo de su hermano, licenciado Félix Báez, en las negociaciones amigables realizadas con los propietarios de empresas industriales y comerciales, en procura de ponerlos al día en los pagos por concepto de arbitrios y deudas acumuladas.
El doctor Báez Acosta ganó las elecciones del 1ro. de junio de 1966 siendo candidato a síndico del partido blanco y contando con el mayoritario respaldo de la población capitaleña, que se expresó en las urnas satisfecha con su quehacer social y su lucha en beneficio del desarrollo de la comunidad.
El conocido profesional de la medicina se desenvolvía en la vida pública como dirigente perredeísta y oficial del cuerpo de bomberos, y se había destacado en la revolución de abril de 1965 con su auxilio indemorable a los heridos en aquella dolorosa contienda, en su rol de comandante-médico, y con su participación en muchas batallas.
Sin embargo, esa buena imagen, forjada en su estrecha relación con la gente humilde, se desplomó abruptamente al tercer mes de su gestión en la alcaldía, en octubre de 1966, luego de que el presidente Balaguer despojara a la corporación edilicia del subsidio que le correspondía, ascendente a medio millón de pesos mensuales.
Esa decisión fue ratificada por el Congreso que derogó la Ley 73, que era garantía de generación de recursos y servicios de calidad, para poner en vigencia la ley No. 40, que redujo drásticamente los ingresos del cabildo, al fijarle una pírrica subvención de 200 mil pesos mensuales que frenó la dinámica de la administración municipal.
Ese fue el severo castigo que se infirió a Báez Acosta, tras emerger en el escenario nacional como el primer alcalde capitaleño en la historia del país que no era miembro del partido gobernante y por liderar el gobierno municipal con once de 18 regidores, identificados con los objetivos y consignas de la fuerza opositora mayoritaria.
En esa desfavorable coyuntura, en octubre de 1966 el Ayuntamiento del Distrito Nacional comenzó a padecer la asfixia económica impuesta por el oficialismo, quedando al mes siguiente imposibilitado de pagar la nómina por un monto de RD$532 mil pesos a los obreros nominales y RD$124 mil a la empleomanía fija, ya que los ingresos no alcanzaban ni para honrar los compromisos concertados con el comercio local.
Así fue como -completamente impotente- el síndico acudió a los medios de prensa a informar sobre la gravedad de la crisis económica de la institución bajo su mando y a clamar por la restitución del subsidio que tenía desde 1961, teniendo por respuesta el silencio gubernamental absoluto y viéndose inevitablemente precisado a recortar gastos municipales en diferentes áreas, a suprimir numerosos cargos y aplicar las desagradables cancelaciones.
Como consecuencia del nuevo orden gerencial, el 6 de diciembre de 1966, se produjo una ruidosa protesta que paralizó servicios municipales vitales como la recogida de basura y el suministro de agua, y obligó a una negociación entre el síndico y el sindicato de trabajadores, representado por el conocido líder obrero Juan Pablo Gómez, el abogado Wellove Modeste Valerio y el sindicalista Luis Castro Mercedes, quienes exigieron que reconsiderara los despidos.
Báez Acosta acogió la demanda, pero sólo a cambio de que el referido gremio le aceptara una reducción salarial en diferentes escalas y durante un trimestre, porque creía que era la única alternativa disponible para mantener el cabildo operando con un ahorro obligatorio de RD$107 mil pesos mensuales.
Sin embargo, otra era la percepción de los sindicalistas, quienes rechazaron tajantemente su propuesta, dejándolo en la disyuntiva de renunciar a su cargo para evitar una caída mayor de su popularidad, o imponer de prisa la drástica resolución de despido masivo, que puso en marcha el 10 de enero de 1967, afectando a decenas de dirigentes y activistas de su propia parcela política.
Choque del síndico con Jacobo Majluta
El 3 de febrero de 1967, por divergencias en el manejo de la empresa productora de embutidos, propiedad del cabildo, en una reunión de la sala capitular se produjo un choque frontal entre el síndico Báez Acosta y el licenciado Jacobo Majluta Azar, prominente dirigente perredeísta y regidor desde el 1ro. de julio de 1966.
Majluta era un cercano colaborador de Juan Bosch y gran amigo de Peña Gómez, que había cultivado una estrecha relación de amistad con una buena parte de sus compañeros, incluidos los otros diez regidores, mientras dirigió la secretaría nacional de organización del PRD.
Era admirado por su firmeza, lealtad partidaria, capacidad política y experiencia de Estado, ya que con apenas 29 años había sido administrador de la chocolatera de Puerto Plata, en la década de 1950; ministro de Finanzas en 1963 y gerente financiero del Consejo Estatal del Azúcar (llamado Corporación Azucarera Dominicana) durante el gobierno provisional de Héctor García-Godoy, en 1966.
Ese amplio currículo fue el motivo de que la sala capitular del Ayuntamiento lo escogiera como presidente de su comisión de Finanzas y presidente del consejo de administración del Matadero Industrial, constituido más tarde en la manzana de la discordia entre él y el síndico, por diferencias en el manejo de esta empresa que producía el popular salchichón Cami y otros alimentos, en el recinto posteriormente ocupado por la Cervecería Nacional Dominicana, frente a la urbanización El Portal, en la avenida Independencia de la ciudad de Santo Domingo.
El primer intercambio de duras críticas entre ambos funcionarios edilicios, ocurrió cuando el alcalde cuestionó a Majluta por influir en la contratación de una firma auditora que realizó un costoso arqueo en la contabilidad de esa institución y por haber intervenido en el nombramiento de su cuñado, Julio O. Saint-Amand, como jefe de pagos de la empresa, con un sueldo de 325 pesos mensuales.
El síndico estimó que se estaba incurriendo en gastos excesivos en una empresa afectada por la precariedad financiera, que en el mes de septiembre de 1966 había perdido la suma de cincuenta mil pesos, debido a un manejo incorrecto de sus intereses.
Esta severa crítica fue respondida por Majluta en una carta donde aclaraba que su cuñado tenía mucho tiempo laborando allí como contador y encargado de Almacén, y que el consejo de administración lo había nombrado en el referido cargo en procura de utilizar sus servicios para frenar las incontables filtraciones y sustracciones de productos alimenticios que ocurrían en su interior.
También aseguró que las pérdidas del Matadero Industrial mencionadas eran ciertas y comprobables, aunque “originadas por las intromisiones de la sindicatura contra la voluntad o a espaldas del Consejo de Administración”, y pidió que se designara una comisión especial para investigar todo lo relativo al Matadero, “de manera que quede diáfanamente determinada la verdadera causa y origen de su actual situación económica”.
Majluta indicó que, debido a la actuación demagógica de Báez Acosta, diversos recursos programados por la administración del Matadero para invertirlos en su expansión industrial, se habían disipado en favores políticos y en el abultamiento desmesurado del personal, como igualmente ocurría en el Ayuntamiento. “Si alguna culpa nos cabe, es la de haber sido demasiado consecuentes, no resolviendo a nivel de sala sus intervenciones perjudiciales, creyendo que amigable y privadamente podríamos lograr que usted detuviera estas actuaciones”.
La rivalidad entre el síndico y Majluta llegó a su clímax al término de una reunión celebrada en la sala capitular la noche del 20 de junio de 1967, en la que se habló de nombramientos y cancelaciones irregulares realizados en el Acueducto de Santo Domingo, administrado por José Eligio Bautista Ramos “Mameyón”. La discusión sobre ese tema derivó en incidente cuando Báez Acosta, de modo desafiante, le preguntó al regidor si portaba revólver, y según su propia versión, ofrecida a la prensa, lo hizo porque previamente Majluta había utilizado fuertes palabras en su contra, llamándole atrevido. De modo que consideró “que un hombre que le diga atrevido a otro debe estar respaldado”.
De su lado, Majluta declaró que el percance fue “a causa de la forma caprichosa en que el síndico quiere dirigir los asuntos del Ayuntamiento”, en perjuicio de los intereses de esa institución y del partido que lo llevó al cargo. Y reprobó que le preguntara si llevaba revolver, haciendo un ademán de sacar el suyo, “porque se siente envalentonado por el arma que porta y por el grupo de guardaespaldas que lo rodea”.
Agudizamiento de la crisis
El 16 de agosto de 1967 se reunió el concejo de regidores del cabildo para renovar su bufete directivo. Desde el año anterior su presidente era el licenciado J. Nicanor Pichardo, que aspiraba a seguir en el cargo por haber contado con el respaldo de once de 18 regidores del partido blanco; pero esa correlación de fuerzas había variado debido a que el 14 de julio el síndico lo acusó de participar en una trama para hacerlo volar del cargo, promovida por Majluta junto al arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita y el doctor Santos Sena Pérez.
En realidad estos sólo estaban unidos en su radical oposición a la aprobación de dos contratos concertados por el alcalde con la firma venezolana Odorite, por un monto de medio millón de pesos, para la recogida de basura en la capital. Esa posición provocó que tres regidores perredeístas afines al síndico desobedecieran las instrucciones de su partido y junto a los siete regidores reformistas, liderados por Tirso Mercado Núñez y Malaquías Linares, votaron en esa solemne sesión a favor de la elección de un nuevo presidente, el empresario José Desiderio Ares Maldonado, yerno del hacendado vegano José Delio Guzmán y popularmente conocido como “El pollo amarillo”.
Esta decisión aumentó el malestar en el interior del Ayuntamiento, pues enseguida el sindicato de los trabajadores realizó una protesta de rechazo al relevo de Pichardo, mientras Majluta optó por renunciar a sus funciones en el Matadero Industrial, alegando que tras lo sucedido, quedaba claro que “ha sido el Partido Reformista, con la complicidad de Báez Acosta, que ha elegido el nuevo bufete directivo del cabildo” y que su partido pasaría a ser oposición dentro del gobierno de la capital.
También estimó que el apoyo unánime de los reformistas al síndico, haría inevitable la aprobación de los contratos con la empresa Odorite, “que han resultado ser el motivo fundamental del desastre económico del cabildo”, porque el dinero que se invertía ahí pudo haber resuelto las necesidades de reparación de vehículos y equipos de limpieza, la compra de nuevas unidades, la limpieza de la ciudad y el pago de más de dos meses de sueldos y salarios atrasados a los trabajadores municipales.
La posición de Majluta fue reforzada el 24 de agosto por un comunicado del Partido Revolucionario Socialcristiano que lamentaba que el síndico se uniera “a los reformistas del Ayuntamiento para quitar la presidencia a un hombre serio y honesto como don Nicanor Pichardo” y lanzó fuertes críticas a la política administrativa del cabildo.
El síndico respondió ambos cuestionamientos ratificando su identidad perredeísta y dirigiendo un mensaje a los dirigentes de los barrios y zonas suburbanas del Distrito Nacional, diciéndoles que, a pesar de todas las críticas recibidas, amaba y respetaba a sus compañeros, no les guardaba ningún rencor y se reafirmaba como revolucionario de origen humilde.
Intervención del partido en el cabildo
El declive de las relaciones entre el partido blanco y el síndico del Distrito Nacional se había iniciado mucho antes de la disputa por la presidencia del Ayuntamiento, ya que en el mes de julio de 1967 se había anunciado que una comisión perredeísta, “integrada por hombres de experiencia y capacidad técnica” y de “reconocida honestidad y moral ciudadana”, intervendría de manera directa en los asuntos municipales, para “salvar al cabildo de la crisis económica” que lo agobiaba y le impedía ofrecer servicios de calidad a los munícipes y cumplir con el pago oportuno a su numerosa empleomanía.
Esa intervención era esperada, sobre todo a final del mes agosto de 1967, cuando los regidores perredeístas, encabezados por Majluta, Sena Pérez y Espaillat Nanita dijeron públicamente que renunciarían a sus cargos si el partido no intervenía y producía remociones en el personal directivo del Ayuntamiento. De modo que no fue una sorpresa la resolución del 30 de septiembre mediante la cual se le retiró el respaldo al síndico.
Majluta y Espaillat Nanita rompieron sus vínculos con el cabildo el 26 de octubre siguiente, en cartas de renuncia dadas a conocer por separado, donde acusaron al síndico de manejar incorrectamente los asuntos municipales. Un párrafo de la misiva de Majluta decía lo siguiente: “No puedo seguir ocupando un asiento en esa honorable sala cuando estoy consciente de que todos mis esfuerzos van a seguir siendo frustrados por el síndico y los regidores confabulados con él, cuando estoy enterado de que todos los bienes del ayuntamiento, o gran parte de ellos (hipódromo, matadero, solares) van a ser pasados mediante operaciones y concursos viciados a manos particulares”.
Ellos fueron los únicos dirigentes perredeístas renunciantes, ya que continuaron en sus puestos los señores Máximo Lovatón Ginebra, Federico Orsini (Fico) y Aridio M. Borges, ayudantes del síndico; Milagros Ortiz de Bosch, encargada de archivos; Juan Winston Arnaud Guzmán, encargado de equipos y transportación; Miguel Ángel De Camps Cortés, director de la biblioteca municipal, y Vicente Sánchez Baret, director de impuestos y luego auditor.
También, Reinaldo Rosario, tesorero; Arturo Manzueta Pujols, supervisor técnico de tesorería; Rafael Luna Cabrera, encargado de ornato; Harmodio Jiménez, asesor económico; Jorge Gerardo Marte Hernández y Evelio Hernández, encargados de limpieza; Guido Castellanos, auditor; Lucas González Cruz, director de impuestos; José Altagracia Espaillat, encargado de construcción, cubicación e inspección; y Elpidio Peña, encargado de cultura y deporte.
Igualmente, Abraham Bautista Alcántara, doctor Rafael Suberví Bonilla “Fello”, doctor Antonio Abreu Flores “Tonito”, doctor Mario García Alvarado, Eliseo Andújar “Barahona”, doctor Manuel Tapia Cunillera, director de registro; Mundito Espinal, director de relaciones públicas; José Sención, encargado de mayordomía; Darío Polanco, de tesorería; Jaime Cruz y Leopoldo Ortiz, directores de obras públicas; Juan de la Cruz Buret, César Cabral, René Alcántara, Papo López Rojas, Mario Calvo, Pedro Pérez, Eduardo Correa, Ivonne (Baby) Lara, Ramón Mejía, Javielito Balbuena, Marques de los Santos, Báez de la Rosa, Sullivan, Papito Mazara, Fellito García Mieses, Berigüete, Cristino García Ramos, Rafael Sarante, Juan Miguel Rochet, Chichí de los Santos, Benito Salas, Aquino, Douglas, Julito Pérez, Chichí Batista, Bolívar Susana, Cholo Gutiérrez, Miguel Martínez, Germán Puello, Bertico de la Cruz, Francisco Rodolfo Lambertus, Taján Martínez, Matías, Eusebio Martínez, Luis Peguero, Julio Castillo, Félix Fernández, Montero, Moreno, Clodomiro Ramírez, Apolinar Rojas, Ramón Taveras, Andrés Suero, entre otros.
Unos años más tarde, desde 1976, Báez Acosta tras largo tiempo recogido en su consultorio de exitoso siquiatra, regresó a la vida política abrazando nuevamente la bandera de su partido y sumado con entusiasmo increíble al proyecto presidencial de Jacobo Majluta. “Cosas veredes, amigo Sancho, hemos oído todos alguna vez”.
Agregar comentario