RedacciónLa Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha considerado como grave la situación que la acusación que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha presentado contra seis jueces penales, a quienes se les imputa haberse asociado para manipular procesos judiciales y negociar la libertad o variación de medidas contra personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Mientras que Domínguez Brito advirtió que otros jueces podrían ser investigados por supuestos actos de corrupción, al tiempo que reiteró que continuaría combatiendo actos dolosos y que “lo van a tener de frente en todas las instancias del Ministerio Público”.
La Finjus afirmó que el carácter y gravedad de la acusación remitida al presidente de la Suprema Corte de Justicia es alarmante, tomando en consideración que entre los jueces señalados se encuentra un miembro del Consejo del Poder Judicial, que es el máximo órgano de gobierno de ese Poder del Estado, así como jueces de diferentes instancias de la jurisdicción penal en los departamentos de Santo Domingo y el Distrito Nacional.
«La acusación constituye, de hecho, la formalización de las graves denuncias que diferentes sectores y personas habían manifestado en los últimos meses que señalaban directamente a jueces penales como responsables de sentencias, actos y decisiones diversas con indicios claros de violación del derecho y en ruptura abierta con los sistemas de integridad en el Poder Judicial», indica la entidad en una nota.
De acuerdo a la Finjus la acusación revela, de ser ciertos los hechos imputados, que están en grave peligro las reformas implementadas en el Poder Judicial en los últimos años, especialmente para el reforzamiento de la independencia de los jueces, las garantías de imparcialidad de sus decisiones y la fortaleza de los cambios.
Llamó al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, a realizar todas las diligencias que fueren necesarias, en el marco del debido proceso de ley, para que todas las personas que pudieren estar implicadas en los hechos señalados en la acusación del procurador general de la República, reciban las sanciones correspondientes, tanto por las faltas graves cometidas en el ejercicio de la función jurisdiccional como en el ámbito penal por los delitos y crímenes que representan.
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