Fidias Aristy dice lucha por los derechos ciudadanos lo mueve hacia el Tribunal Constitucional

El doctor Fidias Aristy Payano, candidato a llenar una vacante en el Tribunal Constitucional de la República, dijo que busca ser parte de este organismo con el objetivo de contribuir a fortalecer los derechos ciudadanos, las libertades públicas, la defensa de los intereses colectivos y de los dominicanos más desvalidos cuyos derechos son tradicionalmente olvidados.

Afirmó que aportar a la preservación de los derechos fundamentales de la población es un objetivo al que se ha dedicado a través de toda su existencia.

Al responder a una pregunta del presidente del Senado (PRM), Ricardo de los Santos Polanco, durante la entrevista a que fue sometido por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura encabezados por la vicepresidenta Raquel Peña y la procuradora Miriam Germán, Aristy Payano, dijo que “hemos arribado a través de la instauración del Tribunal Constitucional a un estadio social en el que, los derechos que tuvimos, a la juventud a la que yo pertenecí alguna vez, tenían que ser reclamados en forma a veces desafiante ante las autoridades de turno”.

Precisó que gracias a las luchas libertarias que se iniciaron en 1838, quizás antes, pero con la formación de La Trinitaria, el nacimiento de nuestra República el 27 de febrero, con terribles colapsos, hemos sido el único país del mundo que ha hecho una manifestación tan trascendente como lo fuera la revolución de 1965.

Dijo que la revuelta de abril no estalló “por lucha de la tierra, ni siquiera por cuestiones alimentarias, sino por el retorno de eso que nos motiva a estar en esta mañana ante ustedes para bien y honra que es la Constitución”.

“Hemos sido talvez el único país del mundo que ha enarbolado la Constitución para una manifestación tan insigne y frente a fuerzas tan superiores, manifestar la más noble y la más insigne de las resistencias”, agregó.

Respecto al principio de no intervención entre los poderes públicos internos, respondiendo al senador Juan bautista Rojas Gómez (FP), Fidias Aristy explicó que una de las atribuciones más trascendentes de la Constitución es el conocer de la conflictividad de los poderes públicos y de los poderes y órganos descentralizados, así como de los estamentos de gobiernos locales.

“La soberanía, como concepto general, consiste en la facultad que tiene, en este caso a lo interno, la potestad que la ley o la Constitución atribuye de manera indubitable a uno de los poderes para el ejercicio de las atribuciones que esa misma Constitución o las leyes le otorgan. Cualquier intromisión de un poder respecto al otro, o de un órgano en referencia a otro, implica desconocer este principio de potestad exclusiva en que consiste toda soberanía”, subrayó.

Destacó que es un principio consagrado en la Constitución dominicana la no intervención o injerencia en los asuntos internos de otras naciones.}

“Pero así mismo le otorga la facultad, indelegable e ineludible, a nuestro país, a nuestras autoridades, no dar cabida a que su soberanía pueda ser mancillada en la forma que fuere, es decir, que la potestad que la Constitución le atribuye a las autoridades dominicanas sobre el espacio territorial y aéreo y marítimo que nos compete no puede ser jamás ser objeto de intervención extranjera. Lo cual se rechaza no sólo en nuestra Constitución, sino en los principios fundamentales de las Naciones Unidas y del mismo Pacto de San José”, aclaró.

Manifestó que se trata de un elemento absolutamente proscripto, “aún estemos en un acentuado proceso de globalización, que en muchas ocasiones de una manera u otra, implica que se vulneren este principio de soberanía. Como por ejemplo, cuando se realizan acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial, en gran medida nuestros países pueden estar cediendo su potestad reglamentaria en materia monetaria a esos organismos internacionales”.

Fidias Aristy observó que por eso es importante que “el constituyente haya otorgado la facultad de conocer preventivamente de los tratados al Tribunal Constitucional para evitar, aún en los tratados y las convenciones, que forman parte de la Constitución, que si son convenciones de derechos humanos sabemos que tienen el rango constitucional, pero aún con este proceso de globalización impera el principio de que la soberanía nuestra es indelegable”.

Sobre las sentencias adictivas, en respuesta al diputado Víctor Fadul (PLD), dijo que estas hacen consideraciones sobre lo que son algunas omisiones del legislador y que el Tribunal Constitucional, sin declarar la ilegalidad de la norma, puede hacer referencias ampliatorias.