RedacciónEl Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que la improvisación y la irresponsabilidad del gobierno de Danilo Medina y las autoridades del sector eléctrico dominicano condena a las familias y a las empresas a pagar miles de millones de pesos en exceso por el servicio de energía eléctrica.
Al encabezar una rueda de prensa de su dirección ejecutiva, Andrés Bautista, presidente de la organización y la Comisión de Energía, negaron que se haya llegado a algún consenso sobre el denominado Pacto Eléctrico entre el gobierno y las demás fuerzas políticas y sociales reunidas en el Foro Social que coordina el monseñor Agripino Núñez Collado.
Insistieron en que el PRM no ha participado ni será responsable de los supuestos acuerdos que anunciaría el gobierno, debido a que se retiró de las discusiones por la falta de transparencia con que las autoridades manejan el sector eléctrico.
Esta afirmación se fundamenta en que con el vencimiento el pasado domingo del último tramo de los contratos de compra de energía entre las empresas distribuidoras y algunas empresas generadoras, según se contempla en el acuerdo de Madrid. A partir de ahora estas deberán comprar la totalidad de la energía que les demandan sus abonados en el llamado mercado spot, al precio más caro.
El PRM ha establecido que este sistema de compra y pago es una consecuencia del modelo de capitalización implantado en el país en el 1999 durante el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), muchos de cuyos funcionarios del sector responsable de la capitalización ahora son actores principales en las discusiones del llamado Pacto Eléctrico.
Sostiene la organización política que ese es un modelo de capitalización irresponsable e ineficiente, cuyo oneroso y catastrófico impacto sobre la economía familiar y los sectores productivos tuvo que ser paliado con el llamado Acuerdo de Madrid, el cual impidió que miles de millones de pesos fueran a parar a mano de los generadores a través de la exagerada tarifa que tendrían que pagar los consumidores si se hubiesen mantenido los contratos originales de la capitalización.
En estos días los generadores ofertan la energía eléctrica a cerca 6 centavos de dólares por kilovatio hora, y sin embargo las distribuidoras la pagarán este mes a más de 13.3 centavos de dólar debido a que ese es el precio a que vende la última planta que despacha en el mercado spot. Además, comprar tanta energía en el spot amenaza las finanzas de las empresas distribuidoras debido a que los atrasos en pagar a los generadores devengan intereses por mora que son un 20% superior a la tasa de la banca comercial.
Esa es la consecuencia de que a pesar de que desde hace más de una década se debió de iniciar las licitaciones establecidas en la Ley General de Electricidad para ocupar los tramos vencidos de los Acuerdos de Madrid, y especialmente los contratos que vencerían la semana pasada; sin embargo la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), y el gobierno no fueron capaces de realizar con tiempo las licitaciones y las nuevas contrataciones a precios reales para que entraran en vigencia inmediatamente finalizaran los tramos contratados anteriores y así evitarles grandes pérdidas al país.
Las autoridades del sector eléctrico saben que según la Ley General de Electricidad, el mercado spot es para compra y venta de un limitado porcentaje de energía eléctrica porque en un sistema con una matriz de generación de altos costos, comprar toda la energía en el spot sería un despilfarro insostenible para las finanzas públicas.
Es escandaloso que las tres administraciones de la Cdeee durante los gobiernos del PLD, esperaran a que vencieran dichos contratos, cuando ya en el 2009 habían cerca de 350 MW que debieron ser licitados. Mientras tanto, se han concertado contratos grado a grado de corto plazo sin mediar licitación alguna, así como concesiones con igual procedimiento. Todo eso ocurre a las puertas de un llamado dialogo que, supuestamente, llevaría orden y transparencia en el sector.
Por las razones indicadas y en ausencia de un verdadero espíritu de concertación, transparencia y compromiso del gobierno del PLD, el PRM sostiene que no existe voluntad ni garantías para arribar a un pacto que beneficie a las familias y las empresas en términos de reducción de costos, calidad y sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.
Este hecho revela, además, la grave crisis institucional en que se desenvuelve el sector eléctrico nacional, puesto que es a la Superintendencia de Electricidad a la que la Ley de Electricidad le asigna la responsabilidad de velar por la contratación mediante licitaciones transparentes y competitivas de la potencia y energía que requieran las distribuidoras.
Frente a esa situación el PRM demanda:
1. Que el Gobierno respete las leyes y reglamentos del servicio eléctrico, incluyendo: A) Contratar la compra de energía mediante licitaciones a tiempo, competitivas y transparentes. B) Reembolsar a la población el dinero cobrado por energía no servida o apagones. C) Aplicar a la factura final del usuario la rebaja de los costos de producción debido a la reducción del precio de los combustibles, que no debería ser menor de un 20%.
D) Respetar y asegurar el alumbrado público mediante el cumplimiento con la compensación a los ayuntamientos.
Y por último, en virtud de los retrasos en los trabajos de construcción de Punta Catalina, Las Placetas, Guaigui y Monte Grande, y los consecuentes aumentos de los costos financieros, así como las múltiples y públicas denuncias de sobrecostos, el PRM pide una auditoria del proyecto; de igual manera solicitamos auditoria a las costosas inversiones realizadas por el Estado dominicano en las hidroeléctricas Pinalito, Las Placetas y Guaiguí, entre otras.
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