RedacciónPartes de los querellantes tras la quiebra del Banco Peravia dijeron ayer viernes que protestarán el lunes próximo la decisión de variación de prisión preventiva tomada este jueves por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia en favor de los exejecutivos bancarios Nelson y Jorge Serret Sugrañez.
Delio Antonio Santos Rosario, Alberto Rafael Cava, Magaly Antonia Jiménez y Víctor Hugo Mercado dieron a conocer a través de sus abogados que apelarán la decisión del tribunal, que otorga prisión domiciliaria a los hermanos Serret.
Los afectados entienden que no es conforme a derecho, ni al principio de «razonabilidad» variar la medida de coerción a estos imputados, dos de los principales acusados de la estafa de 1.400 millones de pesos detectada en el Banco Peravia.
Los exahorrantes recordaron, en nota de prensa, que el tribunal benefició con prisión domiciliaria a los hermanos Serret, a pesar de que dentro del proceso hay 12 personas prófugas, entre ellas familiares de los imputados y contra los cuales hay sendas órdenes de extradición.
El Ministerio Público acusa a Jorge Serret, Nelson Serret Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, Florentino de Jesús Acosta, Paucides Donato Morales, Nelson Cabral, Rolando Cabral y los prófugos José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez, de violación a la ley monetaria y financiera, estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura, asociación de malhechores y lavado de activos.
También están acusados, Daniel Morales Santoro, Miriam Altagracia Serret, Mirian Serret Aponte, Evelyn Serret Aponte, Luis Manuel Peña, José Carlos Bergantiño, Luis Herrera Valerio y Lorenzo Alejandro Laviosa.
La jueza Keila Pérez, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, había enviado a juicio de fondo a todos los implicados en el caso del fraude del Banco Peravia, acogiendo en su totalidad las 25.000 piezas probatorias presentadas por la Fiscalía y las querellas presentadas.
El tribunal rechazó todas las solicitudes de nulidad hechas sobre la acusación del Ministerio Público, estableciendo que las pruebas, las que habían sido debatidas en la audiencia preliminar que se prolongó desde abril hasta noviembre del 2017, fueron recabadas de conformidad a la normativa procesal vigente.
Asimismo, rechazó devolver los bienes sujetos a decomiso que habían sido solicitados por intervinientes voluntarios, como por ejemplo el caso de la aeronave Cessna, propiedad de los acusados, los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray.
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