El MotínLos escándalos que rodean al rey emérito español, Juan Carlos I, parecen no tener fin. Después de la controversia que provocó que el monarca partiera a Emiratos Árabes, una nueva investigación podría poner en jaque las finanzas de la corona.
El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) envió una alerta a la Fiscalía Anticorrupción después de haber encontrado una fortuna oculta del rey emérito en la isla de Jersey.
A raíz de esto, esa fiscalía investigará un «trust» en el que figura Juan Carlos I como beneficiario de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal, que fue conformado en la década de 1990. La fortuna fue trasladada en 2005 a este «trust», donde se registraron movimientos por al menos 5 millones de euros, según pudo reconstruir el diario El Mundo.
La aparición de esta fortuna abrió una tercera investigación sobre el rey emérito. Esta última pesquisa se encuentra en estado «muy embrionario» y de ella se ocupará, al igual que de las dos anteriores, la Fiscalía del Tribunal Supremo con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según indicó la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, las pruebas deben comenzar formalmente.
Además de esta nueva causa, hay otras dos investigaciones abiertas sobre el rey emérito. La primera lo vincula a posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada para Juan Carlos por no encontrarse pruebas suficientes. La causa, no obstante, se seguirá investigando sobre otras personas. Igualmente, hay un informe sobre el rey emérito que se espera que se presente antes de que finalice el año.
La segunda investigación, que se encuentra en un estado «muy avanzado», según confirmó la fiscal general, tiene que ver con pagos realizados con una tarjeta de crédito de los que se podrían haber beneficiado Juan Carlos y otros miembros de su familia sin ser titulares de la cuenta asociada a este medio de pago.
Las tarjetas de créditos, denominadas «opacas» porque tienen un manejo paralelo a la contabilidad oficial, se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares. Los movimientos investigados datan de 2016 a 2018, período posterior a la abdicación de Juan Carlos. De esta manera, el rey emérito no contaría con la protección constitucional que lo hacía inimputable.
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