El MotínEl sismo político de los recientes resultados de las elecciones en Chile sigue generando réplicas en el Parlamento de ese país. Esta semana, ante la propuesta de autorizar un cuarto retiro del 10 % de las pensiones, un diputado del oficialismo fue más allá y planteó la extracción del 100% de esos fondos.
El proponente fue el diputado Jorge Alessandri, quien el año pasado se negó a la primera iniciativa de retiro del 10 % de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) –instituciones financieras privadas que gestionan los ahorros–, por considerar que autorizarla era una «catástrofe». Ahora ha cambiado radicalmente de opinión: ¿qué pasó?
El fantasma de la nacionalización
El sistema de las AFP, que fue puesto en marcha durante la dictadura de Augusto Pinochet, ha sido defendido a dentelladas por el oficialismo. Y es que el mecanismo fue instaurado en 1981 y tuvo como protagonista al entonces ministro de Trabajo, José Piñera, hermano del actual jefe de Estado.
Pero la irrupción del coronavirus, aunado al estallido social chileno de 2019, ha hecho crujir las estructuras que sostienen a ese sistema, obligando a que puedan hacerse retiros parciales para paliar el impacto económico de la pandemia. Hasta ahora se han realizado tres sustracciones, de 10 % cada una, aunque antes del tercero, el mandatario Sebastián Piñera interpuso un recurso ante la Corte Constitucional (TC) para intentar impedir que se autorizara, argumentando que dejaría sin fondos a casi 5 millones de personas. El Tribunal falló contra el presidente, que tuvo que promulgarlo.
Pero todo eso fue antes de las elecciones del pasado mayo. En esos comicios, que significaron una de las derrotas más duras para Piñera, la coalición oficialista obtuvo apenas 38 de los 52 escaños que aspiraba para tener derecho a veto. Por el contrario, las alianzas de izquierda y los independientes salieron triunfantes con 100 curules que, sumados a las 17 bancos de los representantes de los pueblos indígenas, garantizan que la nueva Constitución chilena será redactada por sectores desligados de la derecha y, probablemente, se abra la posibilidad de debatir otro tipo de sistema previsional.
Es precisamente ese escenario el que ha obligado al cambio de postura de parlamentarios como Alessandri, que si antes se negaba al retiro de las pensiones de fondos privados, ahora lo plantea como una salida desesperada ante un fantasma temido por la bancada conservadora: la nacionalización.
«Cuando uno ve que se está hablando de nacionalizar, que en idioma popular significa ‘topón pa’ dentro’ [apropiarse de algo que no le corresponde], prefiero que la gente pueda retirar todos sus ahorros antes de que te quiten tu dinero y lo repartan como el Gobierno de turno prefiera», sostuvo el pasado martes. Y agregó: «La gente no quiere depender del Estado a la hora de jubilarse».
Lo curioso es que, en este último punto, Alessandri omitiera un dato clave: las fuerzas de seguridad tienen un sistema de jubilación que sí depende del Estado —bajo la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA)— y un jubilado de ese sector, que apenas arropa al 2 % de la población, percibe cuatro veces más que un civil bajo las AFP y las compañías de seguro.
El jueves, Alessandri afinó su idea y aseguró que el proyecto de su bancada no solo permitirá el retiro de los fondos, sino que propondrá «incentivos» de ahorro bajo otras figuras financieras privadas, para que los ahorros de los que coticen su pensión queden «lejos de las garras del populismo«. «Que ningún trabajador chileno tenga que pasar dos años de incertidumbre hasta que los políticos nos pongamos de acuerdo en qué tipo de sistema previsional vamos a tener», insistió.
«Tiro de gracia»
En medio de la polémica por la propuesta de Alessandri, la diputada Pamela Jiles –una de las impulsoras del primer retiro de fondos de la AFP– anunció que había presentado, junto a otros parlamentarios, un proyecto para que fuese posible sustraer la totalidad de esos recursos.
Según el texto, el proyecto propone reconocer «el derecho de propiedad que los afiliados tienen sobre sus fondos previsionales, los que podrán ser retirados de forma excepcional en su totalidad, con un tope de 1.350 unidades de fomento«.
La propuesta de Jiles, presentada junto a Gabriel Silber, Jenny Álvarez, Patricia Rubio y Félix González, argumenta que el retiro de la totalidad de los fondos por parte de los afiliados debe permitirse para «enfrentar la extensa crisis sanitaria, económica y social y los efectos que las medidas de excepción constitucional adoptadas han tenido sobre la vida de las personas».
Tras anunciar que había presentado la iniciativa, Jiles dejó claro que consideraba que el actual modelo de aportes de pensiones era una «estafa piramidal», por lo que aseguró que era el momento de «darle un tiro de gracia a las AFP».
«Me parece que es justo y necesario que los chilenos tengan acceso a sus fondos», agregó, citada por medios locales.
¿Qué dicen desde el Gobierno?
El careo entre los proyectos de Alessandri y Jiles provocó un pronunciamiento del ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien reiteró que su posición de que la política de retiros «perjudica a las pensiones futuras de las personas«.
Para Bellolio, la vía es la aprobación de una reforma planteada por Piñera que, entre otros aspectos, establecía un aporte adicional del 3 % a cargo del empleador, mayor transparencia en el manejo de las AFP, y la creación de un fondo de ahorro colectivo que se financie con un porcentaje de 3% entre el patrón y el Estado.
No obstante, consideró que el proyecto de Alessandri pretende «resguardar los fondos de los trabajadores, frente a proyectos que estaban en el Senado, que habían planteado otros que querían destruir el sistema, otros querían nacionalizar los fondos».
Aunque no lo mencionó directamente, Bellolio insinuó que no avalaba iniciativas como la de Jiles, que a juicio de La Moneda, pretenden «expropiar los dineros de los trabajadores».
Lo que sí ha sido reconocido expresamente, incluso por parte del vocero del Gobierno, es la necesaria discusión sobre el sistema previsional porque el actual «no entrega pensiones adecuadas en la vejez», «perjudica a las mujeres» y «genera brechas gigantescas». La duda que queda abierta es si ese debate ocurrirá con las AFP en pie o si en los próximos meses le darán «el tiro de gracia».
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