El presidente y el otro decálogo

Por Oscar López Reyes

La gestión del Estado clama porque ministros, directores generales y otros incumbentes sean moldes/espejos en la conducción de sus instituciones, primordialmente en los carretes socio-humanos y técnicos profesionales. Conseguir esa meta conlleva a ser comprensivos y ganar credibilidad y confianza, en un ambiente de trabajo óptimo; a mejorar procesos y colocar a su lado a servidores de pensamientos críticos y tan inteligentes y observadores como los delfines y los elefantes.

En el afán de alcanzar esos objetivos, desde el 21 de julio de 2024 divulgamos en el vespertino El Nacional, en más de 30 medios digitales y por WhatsApp a unas tres mil personas el artículo titulado: Presidente, ¡pídaselo…!, contentivo de un decálogo de comportamiento conductual, redactado por quien escribe. Si a algunos se les retorció la barriga y agitaron los parpados, sospechando que se aludía a ellos, desovillamos esa presunción señalando que, en contravía, tienen que agradecer las sanas críticas, que buscan conmoverlos y que enderecen rumbos.

Como si escuchara nuestras voces, el viernes 23 de agosto el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona firmó, seguido por un grupo de altos funcionarios, un documento sobre el compromiso ético gubernamental, que estamos resumiendo en otro decálogo, amparados en el del 2020.

¿Cuál fue el decálogo que sugerimos el 21 de julio de 2024?

1.- Controlar rigurosamente la ansiedad y la vanidad.

2.- Vigilar estrictamente el manejo de los recursos públicos.

3.- Ser un modelo verificable de integridad y transparencia.

4.- Apasionarse con la calidad en los planes de desarrollo.

5.- Respetar los derechos y la dignidad de los subalternos.

6.- Flexibilizar, en la gestión humana, para el rendimiento laboral.

7.- Agarrarse a la humildad y sensibilidad, sin avasallar por la jerarquía.

8.- Escuchar para las acciones correctivas y la innovación.

9.- Ser coherente entre el decir y el hacer, predicando con el ejemplo.

10.- No dejarse arropar por chismes y rumores fomentados por cercanos.

¿Y cuál es el otro decálogo?

En el otro decálogo compendiamos el documento Compromiso Ético de los altos funcionarios públicos con la sociedad dominicana, preparado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), y suscrito por el presidente Abinader Corona.

1.- Actuar con apego absoluto a la Constitución y las leyes.

2.- Acoger, estrictamente, los actos que emanen del Poder Ejecutivo y demás poderes del Estado.

3.- Cumplir, en tiempo oportuno, la Ley de Declaración Patrimonial de Bienes.

4.- Manejar apropiadamente los fondos públicos y practicar el buen gobierno.

5.- Luchar, firme y decididamente, contra la corrupción y por la institucionalidad.

6.- Colocar el interés general de la Nación por encima de las utilidades partidarias, grupales, familiares y personales.

7.- Desvelarse por la aplicación y consolidación de un modelo de gestión pública que garantice los derechos de las personas y los servicios oportunos y buena calidad a los ciudadanos.

8.- Incentivar y motivar a los colaboradores de la institución para el mejor desempeño, la renovación permanente de sus conocimientos y el fortalecimiento de la ética.

9.- Actuar con respeto, humildad, decoro y honradez en la vida tanto pública como privada.

10.- Rendir cuentas de las actuaciones y entregar, antes del plazo estipulado por la ley, las informaciones requeridas en el ámbito de la competencia.

Los dos decálogos retoñan como principios rectores del comportamiento ético y la competencia gerencial. Animan a fortalecer las normas de transparencia, la rendición de cuentas y la institucionalidad democrática. La llave está en su cumplimiento, más en una sociedad en que, gobiernos van y gobiernos vienen, y altos funcionarios no acatan las disposiciones superiores, especialmente las relativas a los gastos y a la ética.

Frente a un fenómeno aparentemente intrincado -pero tan sencillo-, alguna vez fue planteada la denominada teoría del incumplimiento eficiente que, en vez de la penalización, postula como remedio la indemnización compensatoria. Para evadir esta concepción instrumentalista y poner en acción la promesa o contrato relacional gubernamental concerniente al documento de Compromiso Ético referido, por lo menos dos instituciones, el MAP y la Digeig, están llamados a diseñar un instrumento de medición, legal y efectivo, con la inclusión de sanciones específicas vinculantes. Así ayudarán al presidente de la República en el cumplimiento de los criterios normativos firmados por el funcionariado.