El MotínPor Alejandro Santos
El acuerdo firmado recientemente con Estados Unidos, que compromete a la República Dominicana a recibir deportados de terceros países, ha despertado serias preocupaciones sobre las consecuencias que este compromiso puede representar para nuestro país.
El hecho de recibir personas deportadas de terceros países tiene, obviamente, implicaciones migratorias, de seguridad y de soberanía. Este tema no puede abordarse de manera simple, porque toca aspectos muy sensibles para una nación como la nuestra, que ya de por sí enfrenta limitaciones estructurales en materia de control migratorio, institucionalidad y administración de justicia.
Cooperar dentro de una estrategia conjunta con Estados Unidos y otros países en el combate al crimen organizado constituye una labor legítima y necesaria del Estado dominicano. En estos tiempos, en que la delincuencia actúa con múltiples herramientas sofisticadas y opera en distintos países, se hace imprescindible que las naciones adopten medidas coordinadas. Desde ese punto de vista, no es cuestionable que la República Dominicana participe con Estados Unidos en estrategias de lucha contra la delincuencia internacional.
Pero una cosa es cooperar en la lucha contra el crimen y otra muy distinta es asumir decisiones que pueden afectar sensiblemente el sentimiento nacional de soberanía. Ahí es donde aparece la preocupación principal que levanta este reciente acuerdo con Estados Unidos. Dadas las vulnerabilidades y las limitaciones propias de la República Dominicana, este tipo de compromiso nos coloca ante la amenaza de que puedan llegar deportados que representen riesgos delicados para el país.
Que arriben a territorio dominicano personas deportadas desde Estados Unidos que sean nacionales de terceros países representa un hecho sumamente preocupante. No solo por la carga migratoria que esto implica, sino también por las interrogantes que se abren en torno a la seguridad, al control, a la custodia y a la responsabilidad que recaería sobre el Estado dominicano.
Hasta ahora, lo único que ha dicho el Gobierno es que se trata de un “memorando de entendimiento no vinculante”, dentro de la iniciativa “Escudo de las Américas”. Eso significa que el acuerdo no tendría que ir al Congreso para su ratificación y que no tendría condición jurídica obligatoria en los términos de un tratado formal. Sin embargo, que sea presentado como no vinculante no elimina la preocupación política, migratoria y soberana que ha generado.
No puede obviarse tampoco que la República Dominicana ha recibido en múltiples ocasiones el calificativo de ser un país permisivo con la entrada y permanencia de personas procedentes de distintos lugares del mundo, incluyendo individuos con problemas judiciales o perseguidos en sus países de origen. Existen innumerables casos de personas que se han ocultado durante largo tiempo en nuestro territorio para evadir condenas o procesos judiciales en sus naciones.
Por eso, este acuerdo no puede analizarse con ingenuidad. Un país con debilidades estructurales en materia de control, con presión migratoria permanente y con limitaciones institucionales evidentes, tiene que reflexionar muy bien antes de aceptar cargas adicionales, aunque estas se presenten bajo el nombre de cooperación internacional.
A todo lo anterior se suma un elemento todavía más inquietante: la Cancillería no ha dado a conocer el texto completo del acuerdo. Lo que se sabe hasta ahora ha salido de declaraciones del canciller, quien explicó que los migrantes recibidos quedarían bajo custodia de las autoridades dominicanas y que, al momento de referirse al tema, todavía no se había definido el lugar donde serían alojados. Esa falta de claridad no ayuda a tranquilizar al país; por el contrario, aumenta la incertidumbre.
Cuando un acuerdo toca asuntos tan sensibles como soberanía, seguridad y migración, la transparencia no debería ser opcional. La población dominicana tiene derecho a saber qué fue exactamente lo que se firmó, cuáles son sus alcances, qué compromisos concretos asume la República Dominicana, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones y qué garantías reales existen para evitar que esta decisión termine convirtiéndose en una carga mayor para el país.
En un tema de esta naturaleza, lo menos que puede hacer el Gobierno es hablar con claridad, mostrar el texto completo del acuerdo y asumir con responsabilidad el debate nacional que esto provoca. Porque cuando se trata de soberanía, no basta con pedir confianza: hay que ofrecer detalles precisos sobre el alcance de los compromisos y demostrar transparencia real.
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