El MotínUn nuevo video publicado hace unos días por la policía haitiana sugiere que Vitel’homme Innocent, un conocido líder de una banda por quien se ofrece una recompensa de 2 millones de dólares, estaba siendo atacado y huía en busca de refugio. Otras imágenes que las autoridades publicaron el mes pasado mostraban explosiones procedentes del cielo.
Tras más de tres meses de ataques con drones en la capital haitiana, la mayor parte de la cual se encuentra bajo control de las bandas, los ataques parecen haber disminuido. Pero ningún territorio de las bandas ha sido recuperado, y aunque recientemente se reportó que un importante líder de una banda había sido herido, ningún objetivo de alto valor ha sido matado o capturado.
Ahora, en una sorprendente reprimenda, la policía canadiense, que ha proporcionado drones a Haití, está diciendo que los ataques del gobierno son ilegales.
Al parecer, los ataques con drones han matado a más de 300 miembros de bandas en Puerto Príncipe, la capital, según un importante grupo de derechos humanos. Las bandas han tomado represalias contra los ataques matando al menos a cuatro civiles.
¿Por qué se utilizan drones?
El gobierno haitiano ha estado librando una batalla perdida contra Viv Ansanm, una coalición de bandas que se formó el año pasado y ha atacado instituciones gubernamentales como estaciones de policía y cárceles. Las bandas, que recaudan dinero mediante extorsiones, secuestros y el cobro de peajes en barricadas ilegales, controlan en la actualidad más del 80 por ciento de Puerto Príncipe.
Una fuerza internacional financiada en su mayor parte por el gobierno estadounidense y conformada en gran medida por agentes de policía kenianos no ha logrado hacer grandes avances contra los grupos delictivos.
En marzo, el gobierno haitiano anunció que había formado una fuerza especial para lanzar ataques con drones contra los líderes de las bandas.
¿Por qué sería ilegal atacar a grupos delictivos?
Los expertos en derecho internacional de los derechos humanos afirman que el gobierno haitiano no debería utilizar la fuerza letal a menos que la vida de alguien esté en peligro inminente.
La Real Policía Montada de Canadá (RCMP por su sigla en inglés), la fuerza policial nacional de Canadá —que donó drones y proporcionó formación sobre drones de vigilancia a la Policía Nacional de Haití— dijo que la fuerza especial que el gobierno había creado no tenía “ninguna autoridad legal”.
“Los ataques con drones que ha llevado a cabo violan el derecho penal nacional de Haití y el derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó Marie-Eve Breton, portavoz de la policía canadiense.
“La RCMP no aprueba el uso de drones para transportar municiones o herramientas ofensivas”.
Para recibir los drones canadienses, el gobierno de Haití tuvo que comprometerse a no utilizarlos para matar personas, dijo Breton.
Los expertos en derecho comparten las críticas canadienses.
La legalidad de los ataques letales con drones depende de si una nación está involucrada en un “conflicto armado” declarado oficialmente.
Aunque miles de haitianos han muerto, se han incendiado edificios y se han atacado hospitales y ambulancias, la violencia no se considera un conflicto armado, dijeron los expertos en derecho.
(No existe una autoridad central que decida si existe un conflicto armado, pero el Comité Internacional de la Cruz Roja de Ginebra suele considerarse la entidad experta para hacer tal determinación).
Esa determinación es importante.
En los conflictos armados se aplica el Derecho Internacional Humanitario: las partes en combate pueden llevar a cabo operaciones ofensivas, como ataques selectivos, garantizando al mismo tiempo que se minimicen los daños colaterales.
Si no hay conflicto armado, se aplica el derecho internacional de los derechos humanos, que dice que la fuerza letal no debe utilizarse a menos que exista una amenaza inminente para la vida de una persona.
Según el derecho internacional humanitario, se considera que existe un conflicto armado si se cumplen dos criterios. En primer lugar, tiene que haber un cierto nivel de intensidad, que toma en cuenta las repercusiones humanitarias, el armamento utilizado, la respuesta del gobierno y la frecuencia de los combates.
Esta es una condición que Haití probablemente cumple, sobre todo si se toman en cuenta las desastrosas consecuencias humanitarias que la población ha sufrido durante el último año, dijeron los expertos.
El segundo criterio es más complicado. Los grupos armados tienen que estar organizados, con una cadena de mando clara y un alto mando que dé órdenes y las haga cumplir.
Jimmy Chérizier, a quien se conoce como Barbecue, se ha consolidado como líder de la coalición de bandas haitianas, pero no está claro hasta qué punto está al mando de todos los grupos. El gobierno estadounidense designó recientemente a la coalición como una organización terrorista.
Marisela Silva Chau, quien dirige la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Haití, subrayó que el Comité revisaba constantemente sus evaluaciones jurídicas. “El CICR, actualmente presente en Haití, monitorea cuidadosamente la evolución de la dinámica de la violencia armada”, dijo. “Haití no es la excepción”.
¿Qué dice el gobierno de Haití sobre los ataques con drones?
El gobierno haitiano declinó las peticiones de comentarios sobre los ataques con drones. La oficina del primer ministro dijo que no hablaría de asuntos de seguridad nacional.
Un alto funcionario del gobierno haitiano familiarizado con los ataques con drones dijo que era imperativo mantener las operaciones en secreto para no alertar a los líderes de las bandas. Esa también es la razón por la que el gobierno haitiano ha recurrido en gran medida a contratistas militares privados para llevar a cabo los ataques: la participación de menos agentes de la policía haitiana en las operaciones se traduce en menos filtraciones de información, señaló el funcionario, que solicitó el anonimato para hablar de un tema de seguridad delicado.
Una empresa propiedad de Erik Prince, donante de Trump y fundador de Blackwater, una empresa conocida por una matanza realizada en Irak hace casi dos décadas, ha estado operando los drones de Haití.
“Se trata de un marco difuso, carente de toda responsabilidad y respaldo legal”, dijo Romain Le Cour, analista de seguridad de Haití en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. “Por eso ha habido tanta opacidad en torno al asunto”.
Los grupos de derechos humanos de Haití apoyan en gran medida los ataques con drones, pero han exhortado al gobierno a ser transparente sobre los ataques.
Una operación a gran escala con más de una decena de ataques con drones mató recientemente a entre 40 y 100 personas, dijeron los grupos de derechos humanos. (La policía no hizo ningún anuncio sobre los asesinatos).
Puede que los ataques sean “ilegales, pero al mismo tiempo vivimos en un país donde estamos fuera de control, porque hoy en Haití no tenemos un Estado de derecho”, dijo Pierre Esperance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití.
¿Funcionan los ataques con drones?
Los expertos militares dijeron que las operaciones con drones son especialmente útiles para la vigilancia. Pueden ayudar a la policía a conocer mejor los movimientos de los líderes de las bandas y a dirigir las operaciones terrestres.
Es poco probable que el gobierno haitiano esté desplegando misiles, y los primeros drones captados en videos en Haití eran bastante rudimentarios, dijo Le Cour. No está claro qué tipo se está utilizando
No obstante, los expertos coincidieron en que una táctica que dependiera de los ataques letales con drones probablemente fracasaría. A menudo, matar a los líderes de las bandas solo conduce a que aparezcan más para ocupar su lugar, apuntaron los expertos. Además, matar a los líderes de las bandas sin una ofensiva terrestre no llevará a la recuperación de territorios ni a condenas penales.
“Es necesario tener una estrategia”, afirmó Thomas Hammes, investigador de la Universidad Nacional de Defensa en Washington. “Tomar drones y matar gente no es una estrategia”.
