RedacciónLegisladores de los diferentes partidos se mostraron a favor de la suspensión de los jueces que anularon la condena de 10 años de prisión contra Winston Rizik Rodríguez por narcotráfico y lavado de activos, sin embargo coinciden en que deben ser sometidos a la acción judicial.
El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, consideró que la suspensión no es suficiente, sino que los tres magistrados debieron estar presos por el hecho que se le investiga.
Dijo que en caso donde los Estados Unidos les han retirado la visa a funcionarios públicos que se le encuentren cualquier vicio en el desarrollo de sus funciones debe estar sometido a la acción penal de la justicia con sus respectivos expedientes.
“Aquí la gente comete la irregularidades y no se le aplica el régimen de consecuencia. Cualquier jueces, fiscal, diputados, senador o funcionario que cometa irregularidades tienen que pagar por la consecuencias”, precisó Báez.
Mientras que el vocero del bloque de legisladores de los partidos Frente Amplio (FA), y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), en la Cámara Baja, Fidel Santana, manifestó que si se comprueban las irregularidades en la administración justicia, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), debe someterse a sí misma a un proceso de investigación que concluya establecido si hay responsabilidades penales en actos oficiados por magistrados.
“Esta suspensión de los jueces habilita una pesquisa donde sí se demuestra que hay responsabilidad debe tener consecuencia penal”, acotó Santana.
En tanto que la diputada Josefa Castillo indicó que la suspensión a los magistrados por el caso Rizik demuestra lo vulnerable que es el país en término de aplicación de la ley y la justicia: “Hay que realizar un experticio es decir, peritaje o evaluación de todas las decisiones que han tomado jueces que son arbitraria.
Castillo entiende que deben realizarse varias revisiones de cómo esta funcionado la justicia en República Dominicana y que se tomen las decisiones de lugar, a los fines de que todos sean medidos por la misma barra y que se replante una modalidad de acción que tenga criterios preestablecidos de realizar justicia en el país.
Se recuerda que el Consejo del Poder Judicial suspendió a los jueces de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo por anular la condena de 10 años de prisión a Winston Rizik Rodríguez, y disponer un nuevo juicio al acusado de narcotráfico y lavado de activos.
La medida fue adoptada en contra de los magistrados Manuel del Socorro Pérez García, presidente, Saulo Ysabel Díaz, juez, y Rosaly Yovianka Stefani Brito, juez suplente, a quienes luego de haber emitido la decisión, la Embajada de Estados Unidos en el país les suspendió sus respectivas visas.
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