RedacciónLa Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles distintas medidas de coerción en contra de las 11 personas imputadas por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este.
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva contra Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial Infepa,
También a Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI, y José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial Titulatec.
En tanto que contra Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y actual directora nacional de Registro de Títulos; Irving José Cruz Crespo, ex Consultor Jurídico de esa entidad, y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, fue impuesta contra cada uno, una garantía económica de RD$500 mil, impedimento de salida del país y presentación periódica el primer lunes de cada mes ante el Ministerio Público.
La medida de coerción de prisión preventiva deberá ser cumplida en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
La información indica que el Tercer Juzgado de la Instrucción de la jurisdicción del Distrito Nacional, fue apoderado para la revisión de las medidas el próximo 25 de octubre del presente año.
El Ministerio Público indicó en un comunicado de prensa, que el grupo es imputado de participar presuntamente en la comisión de diversos actos ilícitos, entre los cuales se encuentran los tipos penales de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en el Código Penal Dominicano. Precisó que cada caso es individual y que las acusaciones concretas de cada imputado se sustanciarán de manera particular.
Señaló que la empresa que compró las tres parcelas, cuyas operaciones inmobiliarias habrían sido desarrolladas por Corde, fueron Inversiones Fernández Parache & Asociados (INFEPA), procediendo posteriormente esa misma empresa a vender parte de los terrenos a otra compañía, llamada Titulatec. En esa transacción los mismos inmuebles que habían sido adquiridos por tan solo 80 millones de pesos al Estado dominicano fueron valorados esta vez en 200 millones de pesos.
El órgano del sistema de justicia reiteró que cuentan con evidencias fehacientes que comprometen la responsabilidad penal de los encartados y que procurarán que haya justicia en este fraude cometido contra el Estado dominicano y las familias del sector Los Tres Brazos.
El comunicado indica que las investigaciones iniciaron en el año 2016 luego que saliera a la luz pública que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) había vendido a una empresa privada las referidas tres parcelas de suelo público correspondientes al sector Los Tres Brazos, por la suma de 80 millones de pesos. Dicha negociación incluyó la venta de más de un millón de metros cuadrados donde existían 17,300 viviendas y casi 63.000 habitantes, además de servicios estatales básicos.
La información precisa que un equipo multidisciplinar estuvo a cargo de las indagatorias, compuesto por miembros de la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) y el abogado del Estado.
También, un equipo de fiscales de carrera expertos en corrupción y derecho inmobiliario junto a un eficiente equipo de abogados externos, quienes durante el proceso de investigación recabaron más de 300 piezas documentales y otras tantas testimoniales que vinculan al grupo con los delitos imputados.
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