RedacciónSanto Domingo.-El presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Fidias Aristy, sostuvo que la extradición de reconocidos narcotraficantes dominicanos a los estados Unidos se ha convertido en una especie de legalización al lavado de activos en que incurren esos capos.
Lamentó que luego de cumplir una condena en cárceles norteamericanas los narcotraficantes vienen al país a disfrutar la fortuna que han acumulado con ese criminal negocio, “y le estrujan eso a la sociedad dominicana”.
Aristy explicó que como consecuencia del tratado vigente, las autoridades tienen las manos atadas para perseguir legalmente esa gran cantidad de bienes que obtienen los capos de sus acciones delictivas.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el presidente del CND dijo que la extradición se ha convertido en un premio para el narcotráfico y para los beneficiarios de ese proceso judicial.
Fidias Aristy calificó revisión que hicieron recientemente la República Dominicana y los Estados Unidos al tratado de extradición como un simple maquillaje y explicó que se trata de un retoque que ni siquiera es de buena arte, porque lo que se hizo fue agregar los delitos de nuevas tecnologías que no son más que hechos criminales instrumentales del delito.
Agregó que se incluyeron otras cosas sin mayores repercusión para beneficio de la sociedad dominicana que se ve imposibilitada de juzgar a narcotraficantes que son extraditados a los Estados Unidos, por el impedimento que estipula el principio de la doble persecución.
Dijo que Estados Unidos ha enviado a República Dominicana miles y miles de extraditados, entre ellos los casos que son más notorios, quienes han regresado al país a disfrutar de su inmensa fortuna.
Agregó que el próximo en la lista para venir al país de los capos extraditados es Antonio del Rosario Puente, mejor conocido como Toño Leña, de quien se dice controlaba todas las operaciones del narcotráfico en la región Este del país, y apenas fue condenado a 72 meses en Puerto Rico.
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