El MotínSanto Domingo.-l Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional del 2025, pospuso el inicio del juicio de fondo para el próximo 22 de septiembre a las 9:00am., esto como consecuencia directa de la fusión de dos expedientes que solicitara y lograra la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción (“PEPCA”) en fecha 23 de junio, respecto al expediente del imputado Juan A. Martínez y el resto de los imputados de este caso.
La solicitud de fusión de la PEPCA generó que el Tribunal garantizara el derecho de defensa de las partes, reconociendo este último en el día de ayer que dicha fusión generó una omisión en la aplicación del artículo 305 del Código Procesal Penal, luego de que el expediente del referido imputado fuera fusionado con el expediente principal, como fuera solicitado por la PEPCA.
La PEPCA ha entorpecido y dilatado este proceso desde el primer día y ya con más de 4 años de retrasos, nos suman un retraso adicional de 3 meses por estos haber solicitado y logrado la innecesaria fusión de un expediente de un imputado que el ciudadano Jean Alain Rodríguez no conoce y ni siquiera había visto antes. Hoy procuran atribuir falsamente el retraso a las defensas, cuando estos fueron los que realizaron tan torpe solicitud y que no hemos solicitado aplazamiento del juicio, ocultando que si estos no hubieran solicitado esa fusión de expedientes, ya estaríamos avanzados en el juicio de fondo, demostrando no solo las falsedades, atropellos y violaciones al debido proceso, sino también que el patrimonio del ex Procurador Jean Alain Rodríguez es de origen lícito, como fuera reconocido por el Juez de la Audiencia preliminar.
Se recuerda a la ciudadanía que también el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que es el Tribunal apoderado previamente, determinó que las dilaciones de este proceso habían sido causadas por el propio Ministerio Público y el Estado, quienes, entre otras tantas torpezas, solicitaron innecesarias prórrogas, ocultaron la carpeta fiscal y las pruebas a descargo, al grado de entregar las supuestas pruebas a cargo un disco duro defectuoso repleto de documentos de otros casos, el cual el propio Tribunal apoderado tuvo que ordenarles repararlo en varias ocasiones, generando retrasos en cadena por más de cuatro años.
