RedacciónUno de los siete imputados por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber pagado en República Dominicana recusó este lunes al juez a cargo de la instrucción del caso, Francisco Ortega Polanco, quien aplazó la audiencia sin fecha hasta que se decida sobre esta cuestión.
La recusación la presentó la defensa de Conrado Pittaluga después de que el juez rechazara acoger su solicitud para que ordenara a una telefónica entregar al imputado unos documentos sobre la intervención del teléfono a uno de los hijos del acusado, que también forma parte de su barra de defensa.
El juez Ortega Polanco rechazó el incidente por considerarlo improcedente, en virtud de que el proceso se encuentra en la etapa preliminar.
En la audiencia de este lunes, el Ministerio Público (MP) defendió la intervención del teléfono del hijo de Pittaluga, Conrad Manuel Pittaluga, alegando que se hizo en «calidad de hijo de un imputado» y no en su rol de abogado.
A través de un comunicado, el MP agregó que en una investigación sobre lavado de activos «el Ministerio Público está en la obligación de investigar los vínculos del imputado con cualquier persona, máxime si se trata de un hijo que lo visita frecuentemente en la cárcel».
Los implicados en los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber pagado en la República Dominicana concluyeron el pasado 12 de abril la presentación de su defensa durante una audiencia que fue aplazada hasta hoy, cuando estaba previsto que el MP presentara la réplica, pero no se realizó debido al incidente presentado por la defensa de Pittaluga.
Además de Conrado Pittaluga, por los sobornos de Odebrecht están imputados los exsenadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición).
Asimismo, el senador Tommy Galán, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado en el país como sobornos para que le fueran concedidos contratos de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.
El grupo es acusado de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que los imputados niegan.
Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos.
