RedacciónEl Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (Cnlcc ) exigió este jueves al Tribunal Constitucional (TC) emitir su fallo en torno a la acción de inconstitucionalidad elevado ante ese tribunal contra el decreto 6-17 que creó una comisión de notables que indagó sobre la licitación y construcción de la termoeléctrica de Punta Catalina.
El Cnlcc recordó que la audiencia pública en la que el TC que conoció ese recurso se celebró el 24 de abril del año pasado, con lo cual el próximo 24 de octubre, se cumplirán 18 meses sin que este alto tribunal pronunciara la sentencia de ese proceso.
Una delegación de la organización depositó este jueves una carta ante el Tribunal Constitucional en la que califica de negación de justicia el silencio que ha mantenido hasta ahora, a la vez que reclama la emisión de ese fallo.
Consideró que la tardanza en dictar la sentencia de esta acción de inconstitucionalidad del decreto 6-17, ha tenido consecuencias graves para el país, para el sistema de justicia, para la vida institucional y la salvaguarda de la constitucionalidad.
«La tardanza en la emisión de este fallo permitió que esta comisión en abierta pugna con la Constitución de la República, funcionara y finalmente produjera y diera a conocer un informe que encubre los sobornos, la sobrevaluación y otros actos de corrupción cometidos en la licitación y durante la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina», dijo la entidad en nota de prensa.
Señaló que basado en las conclusiones de esta comisión, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, excluyó a Punta Catalina del expediente que actualmente conoce la Suprema Corte de Justicia sobre los actos de corrupción que Odebrecht efectuó en el país entre los años 2001 y 2014, con la finalidad de obtener los contratos de importantes obras públicas.
No obstante, el Cnlcc consideró en su carta que es muy importante que el Tribunal Constitucional dicte el fallo, «porque pensamos que es esencial e impostergable defender siempre, y más en estos momentos, la supremacía de la Constitución».
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático exigió del alto tribunal establecer si ese decreto es o no compatible con la división e independencia de los poderes públicos del régimen constitucional dominicano, y si suplanta o no a otros poderes públicos y sus funciones, especialmente al Poder Judicial.
