RedacciónEl Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, afirmó que la homologación del acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de la República (PGR), y Odebrecht sería un precedente que reforzaría la impunidad en el país.
Indicó que para poder homologar este acuerdo, el juez tendría que obviar las condiciones claramente establecidas por los artículos 34 y 40 del Código Procesal Penal para la aplicación del principio de oportunidad y para la suspensión condicional del procedimiento.
Citó que estas condiciones son que no se trate de un asunto que comprometa gravemente el interés público y que el hecho punible tenga prevista una pena inferior a cuatro años de prisión.
Explicó el colectivo que el delito de soborno es castigado por la Ley 448-06 de Soborno en el Comercio y en la Inversión con pena máxima de diez años, por lo cual si el juez se abstiene estrictamente a la ley, es imposible homologar este acuerdo.
Señaló que para el juez evadir estas condiciones establecidas de forma tan precisa por el Código Procesal Penal tendría que apelar a un poder de discrecionalidad que rayaría en la ilegalidad.
“Un fallo semejante abriría la posibilidad de que por este poder de discrecionalidad tan grande, los jueces podrían dejar sin sanción graves infracciones, siendo una burla a la ley”, sostuvo.
También observó que la homologación de este acuerdo choca con la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas que ordena la rescisión de los contratos y la inhabilitación de las empresas cuando hayan cometido sobornos y otras acciones ilícitas, que es el caso de Odebrecht que confesó haber sobornado por 92 millones de dólares a funcionarios públicos para obtener la adjudicación de los contratos que obtuvo entre los años 2002 y 2014.
Al respecto manifestó que si el juez homologa este acuerdo que dispone que Odebrecht continuará operando en el país sin ninguna restricción a cambio del pago de 184 millones de dólares en un plazo de ocho años, estaría abrogándose una función que es privativa del órgano rector de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.
“Esta homologación significaría una intromisión del ámbito penal en el ámbito administrativo, borrando la autonomía de estos campos del derecho”, planteó.
La entidad demanda que no se homologue este acuerdo y se le aplique a Odebrecht tanto la Ley 448-06 de Soborno en el Comercio y en la Inversión que le impone multas y prisión a sus principales ejecutivos en el país, como la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas que rescinde todos sus contratos y la inhabilita de por vida como contratista del Estado dominicano.
Exigió también que se solicite en extradición a Marco Antonio Vasconcelos Cruz, antiguo gerente general de Odebrecht en el país, responsable del pago de gran parte de los sobornos y de la sobrevaluación de la mayoría de las obras ejecutadas por la empresa brasileña.
“Este alto ejecutivo de Odebrecht debe recibir el castigo que merece por sus delitos en contra del pueblo dominicano”, dijo.
Consideró que la sociedad dominicana exige castigo para sobornantes y sobornados en la megacorrupción de Odebrecht.
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