RedacciónLa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), exigió al Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, al gobernador provincial de Azua y al presidente del Consejo de la Hidroeléctrica de los Toros, Olgo Fernández, el cumplimiento de la sentencia No.0478-2016-EREF-00005, emitida por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Azua en función de Tribunal de Amparo que ordena la suspensión de entrega del proyecto habitacional Los Toros 1 y 2 en Azua, tras haberse comprobado que los funcionarios del Gobierno tenían asignadas dichas viviendas a sus familiares, amigos y allegados, según la lista oficial depositada en dicho tribunal por el ingeniero Olgo Fernández, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi
La CNDH recuerdó que dichas viviendas habían sido concebidas para alojar a los damnificados de las tormentas Isaac y Sandi, que dejaron sin techo a varias familias por lo cual el gobierno, junto a la Hidroeléctrica de Los Toros, se comprometieron a entregar 100 viviendas a dichas familias.
Ante la noticia de que las autoridades entregarían las viviendas en el día de hoy a personas que no tienen derecho a las mismas, hacemos un llamado al presidente de la República Danilo Medina, ya que de esa manera estaría faltando al juramento que hizo como establecido en la Constitución en el artículo 127: “Juro ante Dios y ante el pueblo, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo” y sería cómplice de un acto grave de corrupción y de tráfico de influencias perpetrado a daño de familias necesitadas, manchándose él mismo personalmente por complicidad, en la violación del derecho a la vivienda establecido en nuestra Constitución en su artículo n. 59.
Entregando dichas viviendas sin observar la presente sentencia, las autoridades, encabezadas por el presidente Danilo Medina, estarían incurriendo también en la violación del artículo n. 148 de la Constitución, que dice: “Las personas jurídicas de derechos público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.
Advertimos a las autoridades por lo tanto y principalmente al presidente Medina, que cumplan la ley y que se reúnan lo más pronto posible con los directivos de la CNDH de la ciudad de Azua a fin de depurar y verificar dichos listados, por el respeto de nuestras leyes y de los pactos y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado dominicano en tema de derechos económicos, sociales y culturales.
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