El MotínPor Anner Victoriano
La democracia pierde sentido cuando se defiende en los discursos, pero se posterga en las decisiones. Su valor se demuestra cuando limita al poder, incomoda un negocio o exige respetar los derechos de quienes piensan diferente.
La tensión entre intereses económicos y principios democráticos plantea una pregunta para República Dominicana: ¿cómo proteger nuestras prioridades nacionales sin convertir nuestros valores en moneda de cambio?
La respuesta requiere una política exterior que combine cooperación, firmeza y coherencia. Mantener buenas relaciones con las grandes potencias es necesario, pero cada compromiso debe evaluarse por sus beneficios, costos y consecuencias para la población. La amistad entre países exige reciprocidad, reglas claras y respeto mutuo.
Nuestra soberanía también se ejerce mediante la capacidad de negociar. Necesitamos instituciones preparadas, información confiable y equipos técnicos capaces de anticipar escenarios. Las decisiones sobre comercio, seguridad o migración pueden producir efectos que trascienden el momento de su firma. Por ello, propongo tres prioridades.
Primero, fortalecer la evaluación de los compromisos internacionales. Antes de asumir obligaciones relevantes, el Estado debe identificar sus efectos económicos, sociales e institucionales, explicar sus alcances y facilitar el escrutinio de los órganos competentes. La ciudadanía merece conocer qué se acuerda en su nombre, cuáles responsabilidades asumimos y cómo se medirá el cumplimiento de los compromisos.
Segundo, ampliar nuestras opciones de cooperación y comercio. Diversificar mercados, promover la producción nacional y desarrollar capacidades tecnológicas puede mejorar nuestro margen de negociación. Esta estrategia necesita metas concretas, continuidad y coordinación entre Gobierno, empresas y universidades. También exige preparar profesionales que comprendan los acuerdos internacionales y puedan traducirlos en oportunidades para los sectores productivos.
Tercero, dar contenido cotidiano a la democracia. Defenderla fuera de nuestras fronteras exige practicarla dentro: servicios públicos dignos, transparencia, justicia accesible y una administración que responda a las necesidades de la gente. La confianza ciudadana crece cuando las instituciones cumplen, explican sus decisiones y permiten participar en los asuntos públicos.
En seguridad regional, esa coherencia demanda responsabilidades compartidas. La cooperación debe abarcar prevención, investigación del financiamiento criminal y control del tráfico de armas, con respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas.
Los resultados deben evaluarse por su capacidad de proteger vidas y fortalecer instituciones.
República Dominicana necesita una voz propia, respaldada por instituciones sólidas y una visión de país que trascienda los ciclos electorales. Cooperar para prosperar, negociar para proteger a nuestra población y sostener los principios que legitiman el poder deben orientar nuestras decisiones.
Los intereses cambian y los acuerdos se revisan. Las libertades y la dignidad humana, en cambio, requieren un compromiso permanente. Ninguna ganancia circunstancial debería justificar su abandono. La democracia debe acompañar cada decisión pública y superar las conveniencias políticas, porque no puede quedar esperando a que los negocios terminen.
