RedacciónEl exsenador Jesús Vásquez Martínez emplazo por tercera ocasión al Ministerio Público para que entregue a su consejo de defensa la documentación sobre las supuestas pruebas que sustentan la acusación en su contra, tal como lo dispone el Código Procesal Penal.
El pasado secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) advirtió que la negativa del Ministerio Público a entregar las presuntas pruebas reunidas en la investigación le impiden ejercer debidamente su derecho a la defensa, generando un grave perjuicio para la legitimidad del proceso.
La audiencia preliminar del caso Odebrecht se encuentra fijada para el martes siete de agosto, a las 9:00 de la mañana, en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.
Los abogados Jorge Luis Polanco, Manuel Conde y Jorge López, del consejo de defensa del expresidente del Senado, advierten que deducirán las consecuencias jurídicas de rigor en caso de que el Ministerio Público se abstenga de poner a disposición de su defendido, todos los elementos de pruebas recolectados durante su investigación.
Informaron que al inicio de esta semana han transcurrido cinco días desde que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) fueron intimadas por tercera vez a cumplir el mandato legal.
Explicaron que el artículo 298 del Código Procesal Penal, obliga al Ministerio Público a entregar todos los elementos de pruebas que pudieran existir contra el dirigente político.
El citado artículo estableceque “cuando se presente la acusación, el secretario notifica a las partes e informa al ministerio que ponga a disposición de las partes los elementos de prueba reunidos durante la investigación, quienes pueden examinarlos en el plazo común de cinco días. Por el mismo acto, convoca a las partes a una audiencia oral y pública, que debe realizarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte”.
El pasado 17 de julio mediante Auto No. 04-2018, fue ordenada por el Juez de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada de la Suprema Corte de Justicia apoderado del caso ODEBRECHT, la reposición de los plazos (10 días a partir de la notificación) a favor de todos los imputados, para que estos puedan ejercer sus derechos y presentar los medios de defensa que estimen de lugar, dentro de los cuales se encuentra el acceso al universo de los documentos que conforman dicho expediente.
De acuerdo a los abogados, el no cumplimiento por parte del Ministerio Público del pedimento solicitado en tres ocasiones atenta contra el derecho a la defensa del ex presidente del Senado de la República y conspira flagrantemente contra la legitimidad del proceso.
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